La política de seducción de la Casa Rosada con los gobernadores encontró un muro en el litoral. En la previa de la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, a Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés endureció su discurso y lanzó un mensaje que encendió las alarmas en el despacho presidencial.

Lo que hace que la postura de Valdés sea una amenaza real para Javier Milei no es solo su firma, sino su influencia directa sobre Eduardo Vischi. El senador correntino no es un legislador más: es el presidente del bloque de la UCR.
El poder de Valdés reside en su control sobre Vischi, el hombre que maneja la llave de los 10 votos radicales que el oficialismo necesita desesperadamente para el quórum. Si Corrientes se baja, el bloque de la UCR podría fracturarse, dejando a la reforma laboral sin los 37 votos necesarios para ser ley. Es, en términos políticos, el "voto más caro" de la negociación actual.
La principal preocupación de Valdés es contable. Según los cálculos de su equipo, la baja en el Impuesto a las Ganancias —un tributo coparticipable— le restará a Corrientes unos $70.000 millones. "No queremos provincias pobres", disparó el mandatario, quien busca que el alivio fiscal llegue a los pequeños productores y no solo a los grandes sectores concentrados.

El endurecimiento de Valdés tiene un trasfondo social dramático: el cierre definitivo de la textil Emilio Alal en Goya, que dejó a 260 familias en la calle. El gobernador vinculó la falta de consumo y la apertura de importaciones con la crisis industrial que hoy golpea a su provincia.
Además, cuestionó el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone quitarle un 3% a la ANSES para dárselo a los empresarios: "No podemos entregar financiación sin saber cómo se va a utilizar", advirtió. Con este escenario, la reunión con Santilli dejó de ser un trámite para convertirse en una paritaria política donde se juega el futuro de la ley más importante del verano libertario.