Fin de la era de expropiaciones en Venezuela: qué significa devolver lo confiscado

En todo proceso de estabilización profunda, la discusión sobre la propiedad privada ocupa un lugar central. Venezuela no es la excepción. Tras años marcados por expropiaciones, confiscaciones y una relación tensa entre el Estado y el sector productivo, la restitución de propiedades emerge como una condición necesaria para avanzar hacia un modelo económico sostenible y socialmente estable.

La experiencia comparada muestra que ningún proceso serio de recuperación puede consolidarse sin seguridad jurídica clara. El respeto a la propiedad privada no es un principio abstracto ni ideológico: es el mecanismo que permite transformar esfuerzo, talento e inversión en crecimiento económico real. Sin esa base, incluso los recursos estratégicos —como el petróleo— quedan limitados en su capacidad de generar bienestar duradero.

Venezuela

Propiedad y creación de riqueza

La propiedad privada funciona como un incentivo estructural. Cuando individuos y empresas tienen certeza sobre la titularidad de sus activos, pueden planificar, invertir y asumir riesgos productivos. En Venezuela, la interrupción de ese vínculo erosionó la confianza y contribuyó al colapso de amplios sectores de la economía no petrolera.

Restituir propiedades, terrenos y negocios confiscados no implica desconocer el rol del Estado ni desmantelar políticas sociales. Implica, en cambio, reconstruir reglas previsibles, donde el derecho a producir y a emprender esté protegido por instituciones estables. La primera forma de propiedad es la propia capacidad de trabajo, conocimiento y creatividad; cuando estos no encuentran un marco de libertad, la riqueza potencial se diluye.

Restituir la propiedad privada es clave para recuperar confianza, inversión y estabilidad económica.

Más allá del petróleo

Si bien la industria petrolera y los ingresos que pueda generar en una etapa de apertura son relevantes, depender exclusivamente de ese sector reproduce vulnerabilidades conocidas. La diversificación económica exige un entorno donde el capital privado —nacional e internacional— perciba garantías claras de permanencia y retorno.

La devolución de propiedades confiscadas puede cumplir un rol simbólico y práctico a la vez. Simbólico, porque señala un cambio de lógica en la relación entre Estado y sociedad. Práctico, porque libera activos hoy subutilizados y permite reactivar cadenas productivas, empleo y consumo interno.

Sin seguridad jurídica, ni el petróleo puede sostener un desarrollo duradero en Venezuela.

Un modelo de libertad económica responsable

Avanzar hacia un modelo basado en libertad y propiedad no supone ausencia de regulación, sino regulación inteligente. El desafío es articular mecanismos transparentes de restitución, resolver disputas legales de manera institucional y establecer compensaciones cuando la devolución material no sea posible.

Este enfoque no busca revancha ni ruptura, sino estabilidad de largo plazo. La propiedad privada, protegida y reconocida, puede convertirse en uno de los pilares de una nueva etapa económica, capaz de combinar iniciativa individual, cohesión social y desarrollo sostenido.

En un país que busca reordenarse, restituir lo confiscado y garantizar la libertad económica no es un gesto ideológico: es una decisión estratégica para reconstruir confianza y sentar las bases de un crecimiento genuino y duradero.