Ante la devastación de 230.000 hectáreas en el sur argentino, los gobernadores de la Patagonia conformaron un bloque unificado. El pedido al Congreso es uno solo: el tratamiento "urgente" de la Ley de Emergencia Ígnea. Pero, ¿qué implica realmente este marco legal y por qué Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Rolando Figueroa y Claudio Vidal lo consideran la única salida?

No se trata solo de una declaración simbólica. La Emergencia Ígnea es un estatus jurídico que permite al Poder Ejecutivo nacional y a las provincias agilizar procesos administrativos que hoy actúan como un cuello de botella. En términos prácticos, otorga facultades para reasignar partidas presupuestarias de forma inmediata, sin pasar por los tiempos habituales de la burocracia estatal.
La sanción de la Emergencia Ígnea es la única herramienta legal que permite saltar la burocracia estatal para alquilar aviones hidrantes y contratar brigadistas en tiempo récord. Sin esta ley, el despliegue de recursos depende de partidas que ya han sufrido un recorte del 53,6% en el Presupuesto 2026.

Los mandatarios provinciales señalaron al ministro del Interior, Diego Santilli, que la situación en Los Alerces y Cholila superó la capacidad operativa actual. La ley busca:
Un punto de fricción técnica es el reciente traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego desde el área de Ambiente hacia el Ministerio de Seguridad. Los gobernadores advierten que esta transición ha "ralentizado" la llegada de equipamiento. Con llamas que superan los 50 metros de altura, el bloque patagónico busca que la ley devuelva la operatividad centralizada y técnica al combate del fuego, dejando de lado las disputas de organigrama.
TM