¿Qué fue de la República? La conversión del antiperonismo

¿Se acuerdan cuando cualquier DNU del kirchnerismo aparecía como la antesala del chavismo? ¿Se acuerdan cuando tocar la Ley de Inteligencia o los fondos reservados de la SIDE equivalía a “romper el pacto democrático del ’83”? ¿Se acuerdan cuando bastaba decir “República” para ordenar el mapa político: de un lado el populismo, del otro los custodios de la división de poderes?

¿Se acuerdan cuando el antiperonismo explicaba que el federalismo empezaba por respetar a las provincias, y que cualquier avance de la Nación sobre un recurso local era “unitarismo”, “feudales”, “avasallamiento de autonomías”? ¿Y cuando se repetía que los servicios de inteligencia tenían que quedar bajo control civil, lejos de la tentación de espiar opositores y acumular cajas negras? Todo eso pasó hace muy poco, no en otro siglo político.

Corte a enero de 2026. El gobierno de Javier Milei interviene el puerto de Ushuaia –la principal caja logística y turística de Tierra del Fuego– por un año prorrogable, le quita la administración a la provincia, manda fuerzas federales de madrugada y abre un conflicto político, laboral y geopolítico en el extremo sur del país. El gobernador Gustavo Melella habla de “avasallamiento” y anticipa que irá a la Justicia; la oposición local denuncia la proyección hacia una base conjunta con Estados Unidos y un rediseño del control del Atlántico Sur. El antiperonismo republicano, el mismo que inundaba paneles de TV explicando la importancia de las autonomías provinciales, hoy acompaña, justifica o mira para otro lado mientras un puerto estratégico cambia de manos por resolución administrativa.

En paralelo, el Ejecutivo firma el DNU 941/25, un texto de 41 artículos que reescribe la Ley de Inteligencia Nacional: recompone la vieja SIDE como vértice del sistema, concentra bajo su órbita las partidas de inteligencia y habilita, en su artículo 19, que el personal del área pueda “aprehender personas” en el marco de actividades de inteligencia, auxilio judicial o delitos en flagrancia. Constitucionalistas y organizaciones civiles advierten que el decreto debilita controles, amplía la opacidad y abre la puerta a esquemas de vigilancia interna con frenos muy débiles. Durante años, ese mismo espacio político señalaba cualquier movimiento de los servicios como amenaza estructural al sistema democrático; hoy la mayoría de esas voces rebaja el tono o se concentra en cuestiones menores de redacción.

El PRO, partido que construyó buena parte de su identidad pública con la palabra “República” estampada en cada marcha, saca un comunicado en el que afirma que “los cambios introducidos podrían resultar positivos” y se limita a pedir detalles sobre protocolos y reglas de uso antes de fijar posición definitiva. Desaparecen las categorías de “golpe institucional”, “ataque a las libertades individuales” o “retroceso democrático” que formaban parte del repertorio automático frente a medidas parecidas cuando el que gobernaba era el peronismo. La vara permanece, el entusiasmo por aplicarla se diluye.

Al mismo tiempo, Milei viene de llamar “nido de ratas” al Congreso, de compartir posteos que hablan de “fumigar” el Parlamento y de sugerir que leyes aprobadas por mayorías amplias pueden quedar en suspenso si afectan su programa. Un presidente peronista en esa escena habría activado toda la maquinaria discursiva del antikirchnerismo: columnas indignadas, marchas con banderas argentinas, cadenas de WhatsApp alertando sobre el fin de la República. Frente a Milei, buena parte de ese universo elige otra actitud: relativiza, contextualiza, sugiere que “es el estilo” o se refugia en matices técnicos mientras apoya el rumbo general.

La escena de estos días ilumina tanto al gobierno como a su sistema de apoyos. El antiperonismo que durante años se ordenó bajo la consigna “República vs. populismo” gira 180 grados sin cambiar de vocabulario. Sigue pronunciando “instituciones”, “división de poderes”, “respeto a la ley”, aunque al momento de pararse frente a una intervención sobre un puerto provincial, un DNU que fortalece a la SIDE o un presidente que insulta al Congreso, el reflejo ya no es el de la alarma, sino el del acompañamiento o el silencio calculado.

Ahí aparece el punto central: la hipocresía no queda en el plano de la moral privada, se vuelve dato político. Cuando la defensa de la República se activa sólo frente a un signo partidario y se apaga frente a otro, la palabra pierde contenido. El resultado ya se ve: un gobierno que avanza sobre límites que antes se presentaban como intocables y un campo antiperonista que erosiona su propio capital simbólico mientras aplaude. La próxima vez que alguien en ese espacio invoque la República, la pregunta va a aparecer sola: ¿se trata de una convicción o de un recurso de ocasión?