Juicio por YPF en Nueva York: el pedido de Argentina para frenar el rastreo de activos

El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para que se suspenda el proceso de discovery y el planteo de desacato impulsado por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF.

La solicitud fue realizada ante el Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York y, según informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, apunta a frenar lo que el Estado argentino considera una escalada de reclamos “intrusivos, desproporcionados y ajenos al objeto del proceso”.

Cuestionamientos al discovery

En el escrito elevado al tribunal, la defensa argentina sostuvo que “el hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”.

El discovery es el mecanismo que habilita a los beneficiarios del fallo a solicitar información para rastrear posibles activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia. Desde la Procuración remarcaron que, a diferencia de gestiones anteriores, el actual gobierno cumplió plenamente con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.

Según precisaron, desde diciembre de 2023 la Argentina produjo un volumen de información “sin precedentes”, con la entrega de documentación y datos considerados razonablemente relevantes para la causa.

Escalada de presión judicial

Pese a ese cumplimiento, el Gobierno advirtió que los demandantes profundizaron sus reclamos con pedidos cada vez más invasivos y costosos. En ese marco, señalaron que en las últimas semanas el fondo Burford Capital avanzó con una moción de desacato y con requerimientos vinculados a la localización de las reservas de oro del país.

Desde la defensa argentina aclararon que esas reservas pertenecen al Banco Central de la República Argentina y que, por tratarse de un organismo con inmunidad de ejecución, se trata de activos no embargables, lo que vuelve improcedente cualquier solicitud de información al respecto.

“La herramienta del discovery se ha desnaturalizado y se transformó en un mecanismo de hostigamiento destinado a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, sostuvieron desde la Procuración.

El antecedente del oro y el desacato

El planteo presentado ahora se apoya en la controversia que se conoció en los últimos días, cuando el Gobierno se negó a informar ante el tribunal la ubicación de las reservas de oro, en el marco del mismo proceso judicial.

Esa negativa fue difundida por el especialista Sebastián Maril, quien explicó que la defensa sostuvo que el Tesoro no tiene acceso a esa información y que cualquier requerimiento debía canalizarse directamente a través del Banco Central. En la misma línea, también se rechazó que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar.

Para el Ejecutivo, esos pedidos forman parte de una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina, una expresión que la Procuración atribuyó a declaraciones del fondo demandante ante inversores.

Instancia clave en la apelación

La causa atraviesa una etapa decisiva mientras la Argentina mantiene apelado el fallo que la condenó a pagar USD 16.000 millones. La definición está ahora en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que deberá resolver si confirma o revoca la sentencia dictada en 2023.

Mientras no haya una resolución, el Gobierno ratificó que continuará ejerciendo todas las herramientas legales disponibles para defender la soberanía del país, cumplir con el proceso judicial dentro de los límites constitucionales y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios al derecho internacional.