Cierre de Metrología Legal en INTI: qué puede pasar con radares y alcoholímetros

Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron a un abrazo simbólico a la sede central del organismo, en rechazo al cierre del área de Metrología Legal dispuesto por el Gobierno nacional, y advirtieron sobre una posible pérdida de rigurosidad en los controles de productos y servicios que impactan de manera directa en la vida cotidiana.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 213, publicada en el Boletín Oficial el último día hábil de 2025, que ordena la baja de la Dirección de Metrología Legal y del Organismo de Certificación a partir del 31 de enero. En ese sector se desempeñan más de 150 técnicos y profesionales encargados de verificar y certificar instrumentos de medición en todo el país.

Abrazo al INTI y advertencias

La protesta se realizará en el edificio ubicado en General Paz 5445. Según expresaron los trabajadores, la decisión “les quita a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público” para verificar multas, productos o servicios, al tiempo que transfiere el control a actores privados.

En ese sentido, alertaron que la falta de controles recaerá sobre instrumentos sensibles como surtidores de combustible, balanzas comerciales y portuarias, radares de velocidad y alcoholímetros utilizados en controles de tránsito.

También recordaron que el área de Metrología Legal intervenía en la verificación de medidores de agua potable y energía eléctrica, termómetros clínicos y taxímetros, entre otros dispositivos esenciales.

Un rol indelegable del Estado

Desde el sector remarcaron que la potestad del INTI para custodiar los patrones nacionales de medida fue otorgada hace más de dos décadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo, como una facultad indelegable basada en el conocimiento técnico de su personal y en su rol como organismo público de referencia internacional.

Según explicaron, esa función garantiza que “un metro sea un metro, un litro sea un litro y un kilogramo sea un kilogramo”, actuando como tercero imparcial en las transacciones comerciales entre privados y en la protección de los usuarios.

Privatización del control

La resolución oficial dispone la transferencia total del control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación, que ya realizaban parte de estas tareas.

Los trabajadores del INTI advirtieron que, en ese esquema, el organismo público era el principal competidor de los privados y el más elegido por empresas y usuarios, tanto por costos como por confiabilidad técnica.

Como ejemplo, señalaron que verificar un alcoholímetro en el INTI tenía un costo de $140.000 para un municipio, mientras que a partir de ahora el mismo trámite en un laboratorio privado ascendería a $1.200.000 por instrumento, lo que podría llevar a que muchos gobiernos locales directamente dejen de realizar los controles.

El antecedente judicial

El conflicto se produce además en un contexto de tensión judicial. Hace menos de diez días, un juez intimó al Gobierno a frenar la Resolución 213/25 tras una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un vaciamiento del Programa de Metrología Legal.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida “encubre un claro intento de privatización” y advirtió sobre riesgos concretos para la seguridad pública. “Nunca imaginamos llegar a un punto en el que un kilo no sea un kilo o un litro no sea realmente un litro”, afirmó.

Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con el recorte de funciones, los trabajadores del INTI anticiparon que profundizarán las medidas de visibilización para frenar el cierre del área y preservar el rol del Estado en el control de mediciones esenciales.