En los pasillos del Palacio Legislativo, el clima es de paritaria política. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se puso al frente de la negociación directa con el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar destrabar la reforma laboral, una pieza central del verano libertario. Aunque el radicalismo admite un aval cercano al 80% de la iniciativa, el "cara a cara" dejó en claro que la firma definitiva no será gratuita.
El bloque comandado por el correntino Eduardo Vischi es el árbitro de la sesión. Sin sus 10 integrantes, la Casa Rosada no alcanza los 37 senadores necesarios para habilitar el recinto. El oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR para alcanzar los 37 votos del quórum, en una mesa donde también se sientan figuras clave como Edith Terenzi (Chubut), Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán).
La estrategia radical es la cautela. Prefieren el diálogo privado antes que el anuncio mediático, pero los puntos de conflicto ya están sobre la mesa: la cuota solidaria sindical, los beneficios para grandes empresas y, sobre todo, la quita de fondos coparticipables que afecta directamente a las provincias.

La presión más fuerte viene del litoral. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, endureció su discurso tras el cierre de la textil Emilio Alal en Goya, que dejó a 260 familias en la calle. Para el mandatario provincial, la reforma laboral y el plan económico deben contemplar la realidad de los pequeños productores y no solo de los sectores concentrados.
El "agujero" contable es de 70.000 millones de pesos, cifra que Corrientes dejaría de percibir por la baja en el Impuesto a las Ganancias. Esta preocupación financiera pone en jaque la lealtad de Vischi, quien responde directamente al gobernador correntino. Es, hoy por hoy, el voto más caro de toda la negociación legislativa.
Más allá de lo laboral, el radicalismo puso la lupa en el artículo 212, que permitiría al Ministerio de Economía decidir cuándo entran en vigencia ciertos beneficios impositivos. "Es como dejarle una facultad delegada", advierten desde la oposición acuerdista.
A esto se suma la tensión por los cambios en la Ley de Glaciares y el Acuerdo de Escazú. Los senadores temen que una sanción desprolija sea frenada rápidamente por la Justicia, enviando una señal de inseguridad jurídica a los inversores que el Gobierno intenta atraer. El destino de la reforma laboral se define ahora en el fino equilibrio entre el equilibrio fiscal de Javier Milei y las urgencias territoriales de los gobernadores.
TM