El conflicto por el control del Puerto de Ushuaia dio un salto definitivo hacia los tribunales. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, interpuso una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad ante la Justicia Federal para frenar lo que define como una "intervención federal encubierta" por parte del Gobierno Nacional. La demanda, que cuenta con el patrocinio técnico del reconocido jurista Juan Carlos Cassagne, apunta a anular la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que desplazó a las autoridades locales el pasado 20 de enero.
El eje más sensible de la presentación judicial no es operativo, sino financiero. La provincia denuncia que la ANPYN creó un "sistema financiero paralelo" que sustrae recursos directamente del presupuesto fueguino. Según el escrito, se ordenó a las empresas y usuarios del puerto desviar sus pagos hacia una cuenta del Banco Nación a nombre de Administración General de Puertos (AGP) S.A.U., un ente nacional.
Esta maniobra, según los abogados de la provincia, anula el control del Tribunal de Cuentas local y rompe el convenio de transferencia vigente desde 1992, por el cual la Nación cedió el dominio y la administración del puerto a la provincia. "Control no es gobierno; fiscalización no es administración", subraya la demanda en un pasaje clave que busca delimitar las facultades del poder central.
Hoy lo hacen con el puerto.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026
Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia.
Defender Tierra del Fuego es defender el federalismo y la democracia.
La demanda relata una ejecución "intempestiva" de la intervención, iniciada en la madrugada del 21 de enero. En el proceso, se impidió el ingreso al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, y a personal jerárquico esencial para la seguridad del muelle. La medida cautelar busca suspender de inmediato el desvío de recursos que hoy terminan en cuentas nacionales.
Gustavo Melella advirtió que el argumento nacional de "irregularidades financieras" es falso y que la medida podría ser un "caso testigo" para avanzar sobre otras instituciones o provincias. Por este motivo, el escrito solicita la habilitación de la feria judicial de manera urgente, argumentando que cada día de intervención consolida un daño patrimonial e institucional irreparable.
Más allá de lo legal, la gestión de Tierra del Fuego vinculó la toma del puerto con la reciente y sorpresiva llegada de una delegación oficial de Estados Unidos a la isla. Para el gobernador, la coincidencia entre la intervención y el arribo de parlamentarios norteamericanos sin notificación previa alimenta sospechas sobre una posible "entrega de soberanía" o planes de privatización encubierta que afectarían la proyección antártica de la Argentina.
TM