La causa que investiga la tragedia del fentanilo contaminado entra en una etapa de definiciones determinantes. Según informaron fuentes judiciales, en los próximos días se conocería el número final y oficial de víctimas, tanto fallecidas como sobrevivientes, que fueron alcanzadas por el opioide adulterado. Los investigadores tienen previsto enviar las muestras recolectadas al Cuerpo Médico Forense antes de que finalice la feria judicial, tras haber completado un complejo proceso de análisis y cruce de datos realizado durante el receso administrativo.

El expediente, que ha generado una fuerte repercusión pública, mantiene bajo detención y procesamiento a Ariel García Furfaro, empresario vinculado al entorno de la familia Kirchner, junto a varios accionistas y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. La justicia considera a García Furfaro coautor penalmente responsable de la adulteración de sustancias medicinales, una calificación legal que se fundamenta en el fallecimiento de, al menos, 20 personas y en el peligro generado para la salud pública a través de la comercialización de un producto defectuoso.

La investigación se centra específicamente en el lote 31202, cuya orden de producción data de diciembre de 2024. Según el escrito judicial, la contaminación de la sustancia no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un proceso de fabricación plagado de "múltiples falencias críticas". El documento destaca que existieron numerosas señales de alerta durante la cadena de producción que fueron sistemáticamente ignoradas por los responsables de los laboratorios, lo que derivó en la distribución masiva del analgésico contaminado en el sistema sanitario.
A medida que se depura el listado de afectados, la situación procesal de los 16 miembros del plantel técnico y directivo involucrados tiende a agravarse. Las autoridades intentan determinar el grado de responsabilidad individual en la toma de decisiones que permitieron que el lote adulterado saliera a la venta pese a no cumplir con los estándares de seguridad. Con el envío de las pericias al Cuerpo Médico Forense, la causa se encamina hacia un juicio oral que buscará sentar un precedente sobre la responsabilidad empresarial en la fabricación de insumos médicos críticos.
