El empresario apuntado por Tapia negó la supuesta extorsión y ofreció entregar su celular

El empresario Leandro Camani se presentó de manera espontánea ante el Juzgado de Garantías que interviene en la causa “Yofe, Matías y otros s/ Extorsión”, en trámite ante la UFI N° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con el objetivo de aclarar su situación procesal y rechazar de forma categórica cualquier vinculación con los hechos investigados.

En su escrito, sostuvo que su comparecencia obedece a “diversas notas periodísticas y manifestaciones” en las que se menciona su nombre, y remarcó que aparece en la causa “únicamente por dichos de terceros, sin imputación formal ni atribución directa de conducta alguna”.

Negativa absoluta frente a la denuncia de Claudio Tapia

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la desmentida expresa de la denuncia formulada por Claudio “Chiqui” Tapia. Camani negó “de manera expresa, categórica y total” los hechos que se le atribuyen y afirmó que “no he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”.

Cabe recordar que, según la denuncia del titular de la AFA, las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

En ese marco, Camani sostuvo que “no existió pedido, conversación, gestión ni vínculo de ningún tipo entre ambos” y calificó la imputación como fáctica y jurídicamente inexistente, al señalar que el CEAMSE -organismo presidido por Tapia- no tiene competencia para autorizar la instalación de sistemas de fotomultas.

Cuestionamientos al sustento probatorio de la denuncia

Camani cuestionó con dureza el contenido de la denuncia y afirmó que se trata de “una construcción narrativa que no se encuentra respaldada por elementos de convicción mínimos”. Según indicó, el denunciante no precisó “fechas ciertas, lugares determinados, medios de contacto utilizados, identidad concreta de supuestos intermediarios, ni constancias documentales, registrales o técnicas” que permitan corroborar los hechos.

En ese sentido, remarcó que Tapia describe una supuesta cronología detallada de pedidos, negativas administrativas, amenazas y operaciones mediáticas, pero “sin siquiera acompañar prueba alguna que sustente, al menos de manera indiciaria, las conjeturas formuladas”.

También advirtió que los pedidos de medidas coercitivas, como allanamientos y secuestro de dispositivos, se apoyan “en la sola invocación de conjeturas y falacias”, lo que -afirmó- podría implicar una vulneración de derechos constitucionales básicos.

Aclaraciones sobre competencias y el sistema de fotomultas

En otro tramo del escrito, Camani se explayó sobre el marco legal y administrativo que regula la instalación de equipos de control de tránsito. Subrayó que “la aprobación, autorización e implementación de equipos de control de tránsito no constituye una gestión de la empresa SECUTRANS S.A. ni de mi persona”, sino que corresponde a los municipios y al Ministerio de Transporte bonaerense.

Respecto del Camino del Buen Ayre, fue aún más enfático: “el CEAMSE NO TIENE NINGUNA INJERENCIA en la autorización de equipos de fotomultas”, por lo que consideró ilógico que se le atribuya haber solicitado un beneficio “a quien no está facultado para hacerlo”.

Desmentida de una supuesta operación mediática

Camani también negó haber impulsado denuncias públicas o campañas de prensa. Afirmó que “mis denuncias y presentaciones se han efectuado exclusivamente por las vías judiciales correspondientes” y que ni él ni SECUTRANS S.A. realizaron publicaciones mediáticas vinculadas al caso.

En ese marco, rechazó que se le atribuya responsabilidad por el impacto público que tuvieron investigaciones judiciales de alto perfil y sostuvo que intentar vincularlo a una operación mediática “no hace más que desviar el foco de atención”.

Ofrecimiento de prueba y disposición a colaborar

Como parte de su presentación, Camani ofreció una batería de medidas de prueba, entre ellas documentación administrativa, citación de funcionarios competentes y declaraciones testimoniales de responsables periodísticos. Incluso solicitó que, de existir contradicciones relevantes, se disponga un careo con el denunciante.

Además, se puso “a entera y permanente disposición” de la Justicia y manifestó su voluntad de exhibir voluntariamente sus dispositivos electrónicos “a los fines de acreditar de manera directa, objetiva y transparente la inexistencia de contactos” con Tapia o supuestos intermediarios.

Negativa final y reserva de acciones legales

En el cierre del escrito, Camani dejó asentado que niega “toda vinculación, participación, intervención, aporte material o intelectual, directa o indirecta” con los hechos investigados.

Afirmó que su comparecencia es “voluntaria, preventiva y de carácter institucional”, orientada a preservar su reputación y colaborar con el esclarecimiento del caso.

Finalmente, formuló una expresa reserva de derechos para iniciar acciones legales frente a “afirmaciones falsas o testimonios que eventualmente configuren calumnias o falso testimonio".