La causa judicial que investiga presuntas maniobras con dólar oficial durante el cepo cambiario sumó un nuevo capítulo político y judicial, luego de que la defensa del empresario Elías Piccirillo negara la existencia de delitos y apuntara contra el rol del Estado y del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández.
El abogado Gastón Francone sostuvo que su cliente no incurrió en ninguna conducta ilegal y cuestionó la base de la investigación que analiza supuestas operaciones de compra de divisas a valor oficial para su posterior reventa en el mercado paralelo.
En declaraciones radiales, Francone afirmó que “no se encuentra absolutamente ningún delito” en las operaciones atribuidas a Piccirillo y aseguró que las acusaciones “carecen de fundamento”. Según explicó, durante el período investigado el funcionamiento del mercado cambiario estaba atravesado por restricciones y distorsiones propias del cepo.
“El que podía hacerlo, lo hacía”, señaló el letrado, en referencia a prácticas como el denominado “rulo” del dólar blue, y sostuvo que ese tipo de operaciones no constituían por sí mismas una actividad ilegal en el marco normativo vigente durante la gestión anterior.
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, y apunta a determinar si existió un entramado dentro del Banco Central de la República Argentina para facilitar el acceso a dólares oficiales a determinados privados, aprovechando una brecha cambiaria que superaba el 100%.
El expediente cobró mayor relevancia tras la incorporación de audios grabados el 1° de febrero de 2025, en los que se escucha a Piccirillo dialogar con Romina García, inspectora del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central.
En uno de esos registros, la funcionaria afirma que necesitaba “una prueba” y reconoce que determinadas acciones “están prohibidas”, una conversación que la defensa relativizó y consideró ajena a cualquier maniobra delictiva.
Desde la defensa, sostienen que el eje del caso debe leerse en clave institucional y política. Francone remarcó la autonomía del Banco Central y sugirió que las responsabilidades, en todo caso, remiten al diseño del esquema cambiario y de controles vigente durante la era Fernández.
Además, vinculó la causa actual con un expediente previo en el que Piccirillo estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, junto a su exsocio Francisco Hauque, por una causa que involucró armas y drogas. El abogado calificó ese proceso como una “causa plantada” y aseguró que no fue probada de manera efectiva.
Las grabaciones que impulsaron la investigación fueron aportadas por Carlos Sebastián Smith, alias “El Lobo”, un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo y decidió colaborar con la Justicia.
Según su testimonio, Hauque habría presionado a directivos del Banco Central para operar financieras y acceder al dólar oficial. En los audios incorporados al expediente, incluso se menciona que las maniobras contaban con conocimiento de niveles superiores del organismo durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.
En una de las conversaciones, García afirma que “arriba estaban todos entongados”, una frase que es analizada por la Justicia como posible indicio de corrupción estructural dentro del Banco Central en pleno cepo cambiario.
A partir de estas pruebas, la Justicia federal ordenó allanamientos a funcionarios del Banco Central y el secuestro de teléfonos celulares y computadoras. Piccirillo, en tanto, continúa cumpliendo prisión domiciliaria por la causa paralela, mientras avanza la investigación por las presuntas irregularidades cambiarias.
Desde la defensa insisten en que no existió delito alguno y que la clave del caso radica en el funcionamiento del Estado y del esquema cambiario heredado, un punto que promete seguir alimentando el debate político y judicial en torno a la gestión económica del gobierno anterior.