Vigilancia
01/02/2026 - Edición Nº1090
Internacionales
Colombia 2026
Colombia y la “Autoridad Democrática”: la promesa de orden que reabre viejas heridas
29/01/2026 | La propuesta de “Autoridad Democrática” reordena el debate electoral, reactiva viejas fórmulas y obliga a medir sus costos políticos e institucionale
Candidato de la derecha colombiana.
La discusión sobre seguridad regresó al centro de la campaña presidencial colombiana con una fuerza que parecía superada. En un escenario de fragmentación armada y disputas territoriales persistentes, la promesa de orden inmediato vuelve a funcionar como un atajo discursivo capaz de simplificar un problema complejo y de alto desgaste social. La apelación a la firmeza estatal conecta con un electorado cansado de diagnósticos técnicos y de procesos largos cuyos resultados no siempre se perciben en la vida cotidiana.
En ese marco, la irrupción de la propuesta de “Autoridad Democrática” no solo busca instalar un programa de gobierno, sino también marcar el tono de la campaña. La seguridad deja de ser un capítulo más y se transforma en eje narrativo, desplazando otros debates estructurales. El mensaje es claro: frente a la incertidumbre, la respuesta es control, capacidad de fuego y decisión política, aun cuando ello implique volver sobre caminos ya transitados.
Colombia
Colombia es un país del extremo norte de Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los Andes y varias plantaciones de café.
El retorno de una lógica conocida
El núcleo del planteo descansa en la idea de que el Estado perdió iniciativa y debe recuperarla mediante herramientas contundentes. Bombardeos, erradicación forzada y cooperación militar externa reaparecen como símbolos de autoridad recuperada, más allá de su eficacia real en el contexto actual. Esta lógica privilegia el impacto inmediato y comunicacional por sobre la lectura fina de un conflicto que hoy opera con múltiples actores, economías ilegales diversificadas y fuerte arraigo local.
El problema es que esa narrativa tiende a ignorar las transformaciones del conflicto y a subestimar los efectos colaterales. La experiencia reciente muestra que las acciones de alto impacto generan reacomodamientos rápidos y nuevas violencias, sin resolver las causas de fondo. Además, el énfasis en resultados operativos suele trasladar presión a las fuerzas de seguridad, reeditando incentivos que en el pasado derivaron en graves distorsiones institucionales.
Se activa la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales.
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 29, 2026
En este espacio se define una agenda conjunta y pautas de trabajo claras orientadas a anticipar riesgos, proteger la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana.
Participan la organización… pic.twitter.com/roG1tJxZUJ
Costos políticos y dilemas de fondo
Más allá del plano militar, la discusión se desplaza hacia los costos políticos y legales de reinstalar un paradigma de seguridad dura. La memoria de las ejecuciones extrajudiciales, el debilitamiento de controles civiles y la erosión de la confianza institucional siguen presentes en la opinión pública. En ese sentido, la propuesta obliga a preguntarse si el país está dispuesto a asumir nuevamente esos riesgos a cambio de una promesa de orden rápido.
COLOMBIA
— Juan Manuel Ríos P (@jmriosp) January 29, 2026
Ayer quedó demostrado que Cepeda no es tan popular como dicen las encuestas.
En un vuelo de Avianca, un grupo de pasajeros, al ver a Cepeda en la fila de embarque, expresó su rechazo de viajar con el candidato presidencial de izquierda, Cepeda.
Hasta el momento,… pic.twitter.com/rD0ZNVRWpv
La campaña, así, se encamina a una disputa menos técnica y más simbólica: qué lecciones se aprendieron del pasado reciente y qué tipo de Estado se quiere proyectar. La seguridad vuelve a ser el lenguaje dominante, pero ya no en un vacío histórico. La decisión que se avecina no es solo sobre métodos, sino sobre el equilibrio entre autoridad, legalidad y legitimidad democrática.
