Las calles del centro de Lima volvieron a llenarse de manifestantes que exigieron justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de los últimos años, en un país que aún no logra cerrar uno de los capítulos más traumáticos de su reciente historia política. La convocatoria, integrada por familiares de víctimas, organizaciones sociales y colectivos juveniles, expuso la persistente desconfianza hacia las autoridades y la sensación de impunidad que rodea a los hechos ocurridos tras la destitución de Pedro Castillo.
Aunque la magnitud de la movilización fue menor a la de las grandes marchas de 2022 y 2023, el mensaje fue claro: el conflicto sigue latente y las demandas no han sido resueltas. Los manifestantes apuntaron contra el gobierno interino y el sistema judicial, al que acusan de dilatar investigaciones clave y de no ofrecer respuestas concretas a las familias de las víctimas. El reclamo se expresó de forma pacífica, pero con consignas que reflejaron un profundo desgaste institucional.
El núcleo del reclamo gira en torno a las cerca de cincuenta muertes registradas durante las protestas que sacudieron al país tras la caída de Castillo. En ciudades como Juliaca y Ayacucho, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad dejó un saldo que organizaciones de derechos humanos calificaron como excesivo y desproporcionado. A más de dos años de aquellos hechos, los procesos judiciales avanzan lentamente y sin responsables políticos claramente señalados.
Para los familiares de las víctimas, la falta de avances no solo implica una herida abierta, sino también un mensaje peligroso hacia el futuro. La percepción de que el Estado puede recurrir a la violencia sin consecuencias alimenta el malestar social y refuerza la idea de que la justicia peruana opera con criterios selectivos. Este clima explica por qué, aun sin una crisis inmediata, las movilizaciones continúan reapareciendo de forma periódica.
🚨 #URGENTE | La @PoliciaPeru obstaculiza y agrede a familiares de las 50 víctimas que acatan Marcha del Sacrificio, entre ellos ancianos y niños. También rociaron gas pimienta. pic.twitter.com/dRFnRVtXV2
— Mataperrea (@Mataperrea) January 29, 2026
Más allá del reclamo puntual, las protestas vuelven a exhibir la inestabilidad crónica del sistema político peruano, marcado por una sucesión de presidentes, parlamentos enfrentados y gobiernos de transición con escasa legitimidad social. La falta de consensos mínimos ha convertido a la calle en un espacio recurrente de disputa, donde sectores excluidos buscan visibilidad frente a un poder político fragmentado.
📹🇵🇪 | Cientos de familiares de víctimas de la represión en #Perú exigieron justicia y reparación en una nueva jornada de movilizaciones en Lima, a tres años del asesinato de más de 50 personas durante la represión ocurrida en los años 2022 y 2023.
— teleSUR TV (@teleSURtv) January 29, 2026
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En ese contexto, el desafío para el gobierno no se limita a contener las protestas, sino a ofrecer señales creíbles de reforma institucional y rendición de cuentas. Sin una respuesta clara sobre las muertes pasadas y sin cambios estructurales que restauren la confianza, el riesgo es que el país siga atrapado en un ciclo de conflictividad recurrente, donde cada crisis deja heridas que nunca terminan de cerrarse.