31/01/2026 - Edición Nº1089

Internacionales

Apertura energética

Venezuela rompe el estatismo petrolero: qué cambia con la nueva ley

29/01/2026 | La reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada este jueves 29 de enero de 2026 reconfigura el corazón económico del país.

Venezuela rompe el estatismo petrolero y abre su industria a inversión, mercado y crecimiento.
Anderson Riverol

La aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela marca un quiebre con décadas de estatismo petrolero y control político sobre el principal motor de la economía. No se trata de una corrección menor: es una redefinición del marco de juego para que el sector funcione con criterios de inversión, eficiencia y competencia, en lugar de depender del ciclo de poder y de la discrecionalidad estatal.

El cambio importa por una razón simple: sin reglas que permitan capital, tecnología y gestión privada, la industria se vuelve rehén de la política. La reforma apunta a lo contrario: habilitar un esquema donde los proyectos se financien, se ejecuten y se midan por resultados, reduciendo el espacio para la captura clientelar del recurso y para el uso del petróleo como caja de disciplinamiento interno.

Venezuela 


Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, con diversas atracciones naturales. A lo largo de su costa en el Caribe, hay islas turísticas tropicales, entre ellas la Isla de Margarita y el archipiélago Los Roques. Al noroeste está la cordillera de los Andes y la ciudad colonial de Mérida, una base para visitar el Parque Nacional de la Sierra Nevada. 

Autonomía operativa y condiciones para invertir

El nuevo marco eleva la autonomía de los operadores, flexibiliza contratos y busca hacer viable el retorno de grandes inversiones en exploración, producción, transporte y comercialización. La señal más clara para el mercado es que Venezuela se mueve hacia un modelo donde el inversor puede planificar: menor rigidez, reglas de rentabilidad más realistas y mecanismos que reducen la incertidumbre jurídica.

En términos prácticos, el mensaje es que el petróleo deja de ser un monopolio administrado como herramienta de poder y empieza a tratarse como una industria que necesita capex sostenido, estándares operativos y gobernanza corporativa. Ese cambio es central en un país con reservas colosales, pero con capacidad productiva deteriorada por años de subinversión y distorsiones regulatorias.

Libre mercado: más que un eslogan, un mecanismo anticorrupción

La apertura al capital privado no es solo un incentivo económico: también es una forma de reducir la corrupción sistémica que se alimenta cuando el Estado concentra permisos, contratos, exportaciones y caja. Un modelo de libre mercado regulado con transparencia desplaza el centro de gravedad: de la política a la productividad, de la discrecionalidad a la trazabilidad.

La historia regional muestra que el estatismo petrolero suele multiplicar “superpoderes” políticos: define quién produce, quién exporta, quién cobra y quién reparte. Cuando esa estructura se perpetúa, la corrupción deja de ser un desvío para convertirse en un sistema. La reforma, en este sentido, funciona como un corte institucional: limita el margen de arbitrariedad y premia el desempeño.

La clave ahora será convertir esta apertura en un ciclo virtuoso: más inversión, más producción, más empleo formal, más divisas y, por esa vía, más estabilidad macroeconómica. La reinserción energética no se logra con discursos, sino con confianza, contratos ejecutables y previsibilidad.

Si el proceso se sostiene, Venezuela puede reconstruir su sector petrolero como plataforma de crecimiento: un país que vuelve a atraer capital no por urgencia política, sino por oportunidad económica. La reforma del 29 de enero es, en ese marco, una señal nítida de que el viejo modelo —estatista, concentrador y fallido— empieza a quedar atrás.

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