La seguridad industrial en la provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto crítico tras una nueva explosión de magnitud en un depósito de la empresa Otowil, en la localidad de San Fernando. El siniestro ocurrió apenas horas después de que el Consejo Profesional de Química (CPQ) emitiera una alerta sobre la recurrencia de este tipo de eventos, los cuales parecen haberse naturalizado en el territorio bonaerense. Desde la entidad aseguraron que la situación es consecuencia directa de la falta de controles estatales y el incumplimiento de la Ley 7020, que regula el ejercicio de la química y exige la presencia de profesionales matriculados y protocolos de seguridad estrictos.
El Consejo remarcó que existe una responsabilidad ineludible por parte del Estado en la supervisión de estas actividades, especialmente en un contexto donde la urbanidad y las fábricas conviven estrechamente. Según el comunicado, "la provincia se ha convertido en un campo minado debido a una desregulación absoluta que pone en riesgo constante a la población. Los especialistas advirtieron que "de no implementarse medidas profundas y perdurables, la repetición de incidentes con potencial irreversible será inevitable, citando como antecedente inmediato la grave explosión ocurrida en el Polo Industrial de Ezeiza", en noviembre pasado.

Ante este panorama, el CPQ buscó "trabajar de manera mancomunada con 70 municipios en la gestión del riesgo y la capacitación de personal". Sin embargo, los resultados reflejan una preocupante negligencia: "Hasta la fecha, solo el municipio de Salto ha respondido a la convocatoria", según reza el comunicado. Incluso en el caso de San Fernando, donde ocurrió el último siniestro, "se intentó establecer contacto formal el pasado 2 de diciembre de 2025 sin obtener respuestas satisfactorias, una situación que se repite en las gestiones ante los Ministerios de Ambiente y de Producción bonaerenses".
Finalmente, los profesionales del sector reiteraron la urgencia de contratar personal idóneo para el manejo de sustancias peligrosas y el acatamiento a las normativas vigentes. El llamado de la institución es a "aunar esfuerzos de manera inmediata entre los sectores público y privado para detener la sucesión de hechos fatídicos, insistiendo en que la seguridad ciudadana no puede seguir supeditada a la inacción administrativa o el desinterés político".

*Obligatoriedad de la Matriculación: Todo profesional que realice tareas vinculadas a la química en el territorio provincial debe estar debidamente matriculado en el Consejo Profesional de Química. Esto garantiza que el personal posee el título habilitante y el conocimiento técnico necesario.
*Responsabilidad Técnica: Las empresas que manipulen, produzcan o almacenen sustancias químicas están obligadas a contar con un Director Técnico o profesional responsable. Esta figura es quien legalmente garantiza que los procesos no representen un riesgo para los trabajadores ni para la comunidad.
*Cumplimiento de Protocolos de Seguridad: La ley exige la adscripción estricta a protocolos de seguridad vigentes para el manejo de sustancias peligrosas, evitando la improvisación en el tratamiento de materiales inflamables o tóxicos.
*Fiscalización y Control: Establece que el Estado debe ejercer un rol activo de control para asegurar que las industrias operen bajo las normas de bioseguridad y protección ambiental, especialmente en zonas donde la actividad fabril colinda con áreas residenciales.
*Ejercicio Ético y Profesional: La normativa busca evitar el intrusismo profesional, asegurando que solo personal idóneo tome decisiones críticas en la cadena de producción, distribución y disposición de productos químicos.