La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aprobó una nueva reprogramación del mercado eléctrico y actualizó los precios mayoristas de la energía para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril de 2026.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 22/2026 y establece los valores que deberán pagar las distribuidoras por la compra de electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), costos que luego influyen directamente en las tarifas que abonan los usuarios.
La actualización se enmarca en el proceso de “normalización” del sistema eléctrico que impulsa el Gobierno, con el objetivo de reflejar de manera gradual los costos reales del servicio.
La reprogramación trimestral es un cálculo que realiza CAMMESA, la empresa que administra el mercado eléctrico, para organizar cómo se producirá, distribuirá y pagará la electricidad en cada estación del año.
En este caso, se trata de la planificación definitiva para el verano 2026, una etapa clave por el aumento del consumo debido al uso de aires acondicionados y sistemas de refrigeración.
Este esquema permite determinar:
Con esos datos, el Estado define los valores mayoristas que luego impactan en las facturas.
La resolución fija los llamados “precios estacionales”, que incluyen:
Estos valores serán utilizados por las empresas distribuidoras para armar sus cuadros tarifarios, que luego deben ser aprobados por los entes reguladores provinciales o por el ENRE en el caso del área metropolitana.
Si bien la norma no establece aumentos directos al usuario, sí actualiza los costos base del sistema, lo que puede derivar en ajustes en las tarifas finales en los próximos meses.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la modificación en la forma en que las distribuidoras pagan por la potencia.
La potencia es la capacidad máxima que el sistema debe tener disponible para cubrir picos de consumo, como los que ocurren en días de calor extremo.
A partir de ahora:
Esto busca evitar que las distribuidoras subdeclaren su consumo para pagar menos y, al mismo tiempo, garantizar inversiones en infraestructura.
En el corto plazo, este esquema podría moderar los costos para las empresas, pero a mediano plazo apunta a un sistema más exigente.
La resolución también actualiza el recargo que financia el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), que se utiliza para obras y mejoras en el sistema. Desde febrero, el valor será de $2.029 por megavatio hora consumido.
Este monto forma parte del costo total de la electricidad y, aunque no aparece de manera diferenciada en las facturas, influye en el precio final que pagan los usuarios.
La medida se aplica dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que busca concentrar la asistencia estatal en los hogares de menores ingresos.
Según este sistema:
Esto significa que el impacto del aumento de costos no será igual para todos: los sectores con menores ingresos seguirán recibiendo apoyo, mientras que los usuarios de ingresos medios y altos sentirán con mayor fuerza los ajustes.
Aunque la resolución regula precios mayoristas, su efecto llega indirectamente a los hogares.
En la práctica, puede generar:
El impacto concreto dependerá de si las distribuidoras trasladan estos costos a las tarifas y de las políticas que adopten las autoridades locales.