Un documento confidencial fechado el 30 de enero de 2025, firmado entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la criptomoneda $LIBRA, desató una nueva controversia en torno al denominado Criptogate y los vínculos entre el Ejecutivo y figuras del mundo cripto.
Según fuentes periodísticas que accedieron al texto del acuerdo, la Casa Rosada rubricó ese contrato quince días antes del lanzamiento y posterior colapso del token $LIBRA, que luego generó pérdidas significativas para inversores y se convirtió en objeto de investigaciones judiciales y congresales.
El documento -firmado bajo estricta confidencialidad- designó a Davis como asesor “ad honorem” del Estado nacional en materias vinculadas con tecnología blockchain e inteligencia artificial. Las tareas incluidas abarcan “automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes”, digitalización de documentos públicos, fomento de ecosistemas de innovación digital y capacitación de funcionarios públicos en estas tecnologías descentralizadas.
En el texto, redactado en español y con cláusulas que obligan a mantener el secreto salvo autorización legal, Davis renuncia expresamente a cualquier remuneración. Ese aspecto, junto con la cercanía temporal con el lanzamiento del token y la posterior investigación fiscal y parlamentaria, puso el acuerdo en el centro de la polémica política.
La difusión de este contrato aviva reclamos de sectores de la oposición que piden aumentar la transparencia de las pesquisas judiciales y acelerar la investigación sobre eventuales irregularidades en el Caso $LIBRA. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, por ejemplo, acusó públicamente al presidente de haber “ocultado” la existencia del acuerdo con Davis y exigió que la justicia no deje pasar la oportunidad de esclarecer los hechos.
La publicación del acuerdo también reavivó el escrutinio sobre movimientos financieros sospechosos en torno a $LIBRA: billeteras vinculadas a Davis realizaron transferencias millonarias en criptomonedas a intermediarios argentinos antes del lanzamiento del token, lo que alimenta las dudas sobre información privilegiada y posibles vínculos entre operadores locales.
Frente a la controversia, por ahora el oficialismo evita entrar en detalles sobre el contenido del contrato. La difusión de este acuerdo sucede en un contexto en el que el derrumbe de $LIBRA sigue bajo investigación y el gobierno argentino se enfrenta a cuestiones jurídicas y políticas cada vez más complejas sobre su papel en el aval inicial que dio al proyecto, que posteriormente fue desmentido por el propio presidente en declaraciones públicas.