Doble pulso
31/01/2026 - Edición Nº1089
Internacionales
Régimen carcelario
Régimen de excepción en El Salvador: logros contra el crimen y dudas por fallecidos presos
30/01/2026 | El conteo de fallecidos bajo custodia introduce un desafío institucional en una política de excepción que logró reducir el crimen.
Nayib Bukele.
Durante casi cuatro años, el régimen de excepción en El Salvador se consolidó como la pieza central del discurso de seguridad del presidente Nayib Bukele. La drástica reducción de homicidios y la exhibición de cárceles de máxima seguridad construyeron una narrativa de eficacia que obtuvo respaldo interno y atención internacional. Ese resultado, sin precedentes recientes en la región, reconfiguró la percepción ciudadana sobre el rol del Estado frente al crimen organizado. Sin embargo, el propio éxito del modelo abrió una nueva etapa de discusión, centrada ya no en su efectividad inmediata, sino en los desafíos institucionales que acompañan su implementación sostenida.
Los informes que documentan muertes bajo custodia no niegan los logros del régimen de excepción, pero introducen una dimensión que el Estado debe administrar con mayor claridad. Familiares y organizaciones de derechos humanos vienen señalando problemas vinculados a detenciones masivas, condiciones de encierro y deterioro de la salud de personas privadas de libertad. La sistematización de estos casos obliga a incorporar mecanismos más precisos de supervisión, en un contexto donde la excepcionalidad dejó de ser una respuesta coyuntural y pasó a convertirse en un componente estructural de la gobernabilidad.
El Salvador
El Salvador es una pequeña nación de América Central. Es conocida por sus playas en el océano Pacífico, los sitios de surf y el paisaje montañoso.
La arquitectura del encierro
El sistema penitenciario opera bajo una lógica de fuerte centralización, coherente con la estrategia de control territorial impulsada por el Ejecutivo. Las prisiones de alta visibilidad cumplen una función simbólica y disuasiva, mientras que los centros tradicionales absorben el impacto operativo del encarcelamiento masivo. Esta diferencia, más que una falla deliberada, expone las tensiones propias de una política aplicada a gran escala y la necesidad de fortalecer la gestión administrativa para evitar vacíos de información.
La suspensión de garantías procesales, renovada de manera sucesiva, permitió acelerar detenciones y desarticular estructuras criminales, pero también redujo los márgenes de supervisión judicial ordinaria. En ese marco, las muertes bajo custodia requieren procedimientos más claros de registro e investigación. Abordar este punto no implica debilitar el modelo, sino consolidarlo, reforzando la credibilidad institucional y evitando que la falta de datos precisos sea utilizada como argumento para deslegitimar una política que cuenta con amplio respaldo social.
En El Salvador NO HAY SECUESTROS, y tampoco hay carteles de la droga.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 25, 2026
Lo que ha habido son ESTAFAS TELEFÓNICAS realizadas desde una cárcel en Colombia.
No hay ningún riesgo real.
La solución es sencilla: NO PAGAR pic.twitter.com/3qB5SQciP1
El costo político de la excepción
El modelo de seguridad de Bukele se sostiene en resultados visibles que transformaron la vida cotidiana en amplias zonas del país. Su continuidad, sin embargo, demanda ajustes que permitan compatibilizar control, legalidad y legitimidad. En un contexto regional marcado por la expansión del crimen organizado, El Salvador se convirtió en un caso de referencia, y su desafío ya no es demostrar eficacia, sino gestionar con mayor transparencia los efectos secundarios de una estrategia de alto impacto.
🚴🚴♀️Así avanza la etapa II del @tour_elsalvador donde las ciclistas disfrutan de la experiencia sobre ruedas en compañía del personal policial.
— PNC El Salvador (@PNCSV) January 19, 2026
La carretera Litoral es custodiada para resguardar a las competidoras que recorren los 91.3 km, la meta es llegar hasta Sonsonate. pic.twitter.com/rRxLeALkbh
En el mediano plazo, la discusión sobre muertes bajo custodia no redefine el balance general del régimen de excepción, pero sí plantea la necesidad de una segunda etapa institucional. Incorporar controles más robustos y mecanismos de rendición de cuentas permitiría reducir las zonas grises sin desmontar un esquema que logró revertir una crisis de seguridad crónica. El dilema no es orden versus derechos, sino cómo perfeccionar un modelo que, con costos y tensiones, alteró de manera decisiva el mapa del crimen en El Salvador.
