La tensión previsional en la provincia de Córdoba escaló este viernes tras el anuncio de un plan de lucha coordinado por 14 gremios estatales. El miércoles 4 de febrero, una masiva caravana de autos recorrerá los puntos neurálgicos de la capital provincial para rechazar el aumento de aportes personales a la Caja de Jubilaciones. La movilización partirá desde la avenida Colón al 4000 y marcará el inicio de un cronograma de protestas que promete paralizar el centro cordobés.

El conflicto tiene su eje en el incremento de las alícuotas que impactan directamente en el salario de bolsillo de los trabajadores activos. Ezequiel Morcillo, secretario general de La Bancaria Córdoba, denunció que el esquema se ha tornado "abusivo" y "confiscatorio". Según detalló el dirigente, sectores como bancarios, judiciales y empleados de Luz y Fuerza pasaron de aportar un 18% a un actual 26%, una cifra que además reducirá el haber de las jubilaciones futuras.
Desde el frente gremial aseguran que el diálogo con el Ejecutivo provincial encabezado por Martín Llaryora es "nulo" desde hace meses. Ante la falta de mesas de negociación, los sindicatos confirmaron que agotarán las instancias legales. La medida busca visibilizar un conflicto que el Gobierno provincial intentó mantener bajo una tensa calma administrativa mediante presentaciones de amparos colectivos que se activarán apenas finalice la feria judicial.

La caravana del miércoles funcionará como antesala de una jornada nacional de protesta el jueves 5 de febrero. Ese día, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y gremios estatales como ATE encabezarán una movilización hacia la Casa de Gobierno. El reclamo trasciende lo previsional y apunta directamente contra la reforma laboral que se discute en el Congreso de la Nación.
Federico Giuliani, titular de ATE Córdoba, subrayó la importancia de que la provincia sea el epicentro de la resistencia. El dirigente advirtió que acompañar las políticas del oficialismo nacional tendrá un "costo político" para los gobernadores. Para los sindicatos combativos, esta federalización del conflicto busca reactivar el "ADN de lucha" histórico de la provincia para frenar lo que consideran un retroceso en derechos conquistados.
TM