El anuncio de una amnistía general para presos políticos en Venezuela, realizado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, marca un giro relevante en la estrategia política del gobierno de transición. En un país atravesado por años de confrontación, sanciones y aislamiento internacional, la decisión aparece como un intento deliberado de descomprimir tensiones internas y enviar una señal clara hacia la comunidad internacional.
La medida, que será debatida en la Asamblea Nacional, excluye delitos comunes graves y se concentra en detenciones de carácter político. Esta delimitación busca diferenciar responsabilidades penales de persecuciones vinculadas al conflicto político, un punto central para dotar de legitimidad jurídica y política al proceso. El gesto se produce, además, luego de una serie de liberaciones parciales que anticiparon el cambio de clima.
Las amnistías han sido utilizadas históricamente como instrumentos para cerrar etapas de polarización extrema. Lejos de ser una excepción venezolana, forman parte del repertorio político de múltiples países que atravesaron conflictos internos, transiciones democráticas o crisis institucionales profundas. Su eficacia no reside solo en la liberación de detenidos, sino en la capacidad de redefinir reglas del juego.
En España, la Ley de Amnistía de 1977 fue una pieza clave de la transición posfranquista, permitiendo la reincorporación política de opositores y facilitando la consolidación democrática. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, los procesos de amnistía condicionada funcionaron como mecanismo para evitar una espiral de venganza y habilitar una convivencia mínima entre antiguos adversarios.
Si es verdad lo de la amnistía general y el cierre de El Helicoide, me quito el sombrero: ni la más radical de las oposiciones habría podido avanzar tanto, y tan pacíficamente, en menos de un mes como lo está haciendo Mrs. acting President.
— Erik Del Bufalo (@ekbufalo) January 30, 2026
En América Latina, ejemplos como Colombia muestran el uso de amnistías parciales para desactivar conflictos armados y avanzar en procesos de paz. Incluso en contextos más recientes, países como Indonesia o Nepal recurrieron a medidas similares para estabilizar sistemas políticos tras episodios de violencia interna.
En el caso venezolano, la amnistía cumple una doble función. A nivel interno, permite aliviar tensiones sociales y políticas acumuladas, reduciendo el costo humano del conflicto prolongado. A nivel externo, ofrece un argumento concreto en la negociación con actores internacionales que exigen señales verificables en materia de derechos humanos y apertura política.
El anuncio también dialoga con otros movimientos recientes del gobierno de transición, orientados a normalizar relaciones económicas y políticas. En ese marco, la amnistía no aparece como un gesto aislado, sino como parte de una secuencia destinada a reconstruir gobernabilidad y credibilidad institucional.
AHORA: Familias de presos políticos se encadenan la noche de este viernes #30Ene en Zona 7 en Caracas exigiendo la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, en medio de la expectativa por el anuncio de Delcy Rodríguez sobre una "ley de amnistía general". pic.twitter.com/NVYw1T5g0X
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 30, 2026
De cara al futuro, el impacto real de la medida dependerá de su implementación efectiva y de la amplitud del consenso político que logre generar. Sin embargo, el mensaje es inequívoco: Venezuela busca dejar atrás una etapa de confrontación permanente y abrir un nuevo ciclo. En la experiencia comparada, las amnistías no garantizan por sí solas la reconciliación, pero suelen ser el primer paso para hacerla posible.