La diputada nacional Florencia Carignano presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones detalladas sobre la gestión de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), en particular en relación con procesos licitatorios, contrataciones y gastos internos.
La iniciativa se apoya en denuncias internas y en información periodística que señalan posibles irregularidades administrativas y sobrecostos en distintos contratos de la empresa estatal.
El proyecto solicita que el Gobierno informe, a través del organismo correspondiente, sobre diversos aspectos vinculados a la administración de NA-SA desde la designación de Demián Reidel como presidente de la compañía.
Entre los principales puntos, se requiere información sobre:
Uno de los ejes centrales del pedido de informes es una licitación vinculada al servicio de limpieza en las centrales nucleares.
Según el texto presentado, el monto del contrato habría superado en más del 140% al anterior, sin justificación suficiente.
La diputada solicita que se expliquen las razones de ese aumento y por qué finalmente se decidió dar de baja el proceso.
Además, se pregunta si se tuvieron en cuenta los valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y si la licitación fue observada por áreas técnicas u organismos de control.
En los fundamentos del proyecto, Carignano menciona una denuncia presentada por un gerente de las centrales Atucha I y II ante el Comité de Integridad de la empresa, en la que se advierten posibles irregularidades en el proceso licitatorio.
Según el documento, se habría intentado avalar un contrato con sobreprecios mediante presiones a personal de menor rango, y se habrían producido cambios internos y despidos para facilitar la aprobación de procedimientos cuestionados.
También se solicita información sobre el estado actual de esa denuncia y las acciones adoptadas por la empresa.
Otro punto destacado es la contratación vinculada a la migración del sistema informático SAP a HANA.
De acuerdo con el pedido de informes, el proyecto tenía un presupuesto inicial de 600.000 dólares y terminó costando cerca de 7 millones de dólares.
La iniciativa exige que se detallen las condiciones de esa contratación y las causas de la diferencia de costos.
El proyecto también requiere información sobre:
En los fundamentos se menciona, además, la existencia de deudas financieras y denuncias de proveedores por demoras en los pagos.
En el texto, la diputada resalta que Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estratégica del Estado, responsable de la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, y clave para la soberanía energética y la seguridad nuclear del país
También se subraya que la compañía ha mantenido superávit financiero en los últimos años y cuenta con capacidades técnicas consideradas irremplazables.
Carignano advierte que las presuntas irregularidades se producen en paralelo con la inclusión de NA-SA en el listado de empresas sujetas a privatización.
Según el documento, desde el cambio de gobierno la empresa atraviesa un proceso de deterioro institucional, con desplazamiento de cuadros técnicos, reestructuraciones sin planificación clara y conflictos laborales.
En ese marco, la diputada sostiene que las denuncias no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de un clima de gestión que debilita la credibilidad de la compañía.