El bloque de Unión por la Patria en la Legislatura de Neuquén lanzó una ofensiva política para que los legisladores nacionales por la provincia rechacen el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La iniciativa apunta directamente al gobernador Rolando Figueroa, a quien el kirchnerismo busca involucrar en la estrategia de bloqueo parlamentario, en un contexto en el que su representación propia en el Congreso quedó reducida al mínimo.
La presión se canaliza a través de un proyecto de comunicación aprobado en el ámbito legislativo provincial, que solicita formalmente a diputados y senadores neuquinos votar en contra de la denominada “Ley de Modernización Laboral”.
La iniciativa presentada en la Legislatura provincial reclama a los representantes neuquinos en el Congreso que rechacen el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional, al considerarlo perjudicial para los derechos de los trabajadores y para los intereses de la provincia.
El texto también dispone que la comunicación sea enviada a los legisladores nacionales, a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al gobierno provincial, con el objetivo de amplificar el reclamo y sumar respaldo sindical.
De este modo, Unión por la Patria busca convertir el posicionamiento legislativo provincial en una herramienta de presión política directa sobre los votos en el Congreso.
La estrategia se explica, en gran medida, por la actual correlación de fuerzas en la representación neuquina a nivel nacional.
En la Cámara de Diputados, la provincia cuenta con cinco bancas. De ese total, solo una responde políticamente al gobernador Figueroa: la periodista Karina Maureira. Tres diputados pertenecen a La Libertad Avanza, mientras que Pablo Todero es el único representante que mantiene su alineamiento con el kirchnerismo.
En el Senado, el escenario es similar. De los tres senadores neuquinos, dos forman parte de La Libertad Avanza y la restante, Julieta Corroza, responde al gobernador.
Este esquema dejó a Unión por la Patria prácticamente sin capacidad de incidencia directa en el Congreso, lo que explica su decisión de trasladar la disputa al plano provincial.

Con escasa representación propia a nivel nacional, el kirchnerismo neuquino utiliza la Legislatura como principal ámbito para intentar influir en el debate sobre la reforma laboral.
A través del proyecto de comunicación, busca instalar una postura institucional de rechazo y generar costos políticos para quienes acompañen la iniciativa del Gobierno nacional.
El mensaje apunta, en especial, a Figueroa, a quien se le atribuye capacidad de influir sobre los legisladores que responden a su espacio, aun cuando su peso parlamentario sea limitado.
En los fundamentos del proyecto, Unión por la Patria sostiene que la reforma implica un retroceso en materia de derechos laborales y una alteración del equilibrio entre trabajadores y empleadores.
Entre los principales cuestionamientos se destacan:
También se advierte sobre el impacto fiscal de la iniciativa, por la reducción de impuestos y contribuciones, lo que podría afectar los recursos coparticipables de las provincias.
El documento legislativo remarca el posicionamiento crítico de la CGT y de las principales centrales sindicales del país, que expresaron su rechazo al proyecto por considerarlo favorable a los intereses empresariales y perjudicial para los trabajadores.
Para Unión por la Patria, este respaldo sindical refuerza la legitimidad del reclamo y justifica la intervención de la Legislatura en el debate nacional.
En este escenario, el gobernador Rolando Figueroa se mueve con cautela. Días atrás mantuvo una reunión con el ministro del Interior Diego Santilli, en la que se abordaron distintos temas de agenda.
Sin embargo, Figueroa evitó brindar un apoyo explícito a la reforma laboral, lo que dejó abierta la incógnita sobre su postura definitiva.
Esa ambigüedad convierte a los legisladores que responden a su espacio en votos en disputa, especialmente en un Congreso donde cada respaldo resulta clave para el oficialismo.
Más allá del contenido de la reforma, el debate refleja una puja política más amplia por el posicionamiento de Neuquén frente al Gobierno nacional.
Para Unión por la Patria, frenar la iniciativa implica recuperar centralidad política y mostrar capacidad de resistencia. Para Figueroa, en cambio, el desafío pasa por preservar margen de negociación con la Nación.
En ese contexto, la presión legislativa provincial aparece como una herramienta para condicionar decisiones que, en los hechos, se definen lejos del ámbito neuquino.