Siete productores rurales de la localidad de Pergamino y dos exfuncionarios municipales comenzarán desde este lunes a ser juzgados en los Tribunales Federales de Rosario en el marco de una causa que investiga el presunto uso indebido de agroquímicos.
El debate tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal N º 2 de Rosario, que preside el juez Carlos Villafuerte Ruzo y contempla, en principio, ocho audiencias con más de un centenar de testigos entre damnificados, ingenieros agrónomos, médicos, químicos y otros profesionales.
El proceso estaba previsto para diciembre de 2025 pero tuvo demoras por presentaciones de los abogados de algunos imputados. En uno de los casos, uno de los letrados invocó un cuadro de salud de “demencia” de su defendido y en otros hubo solicitudes para que el caso se resuelva a través del sistema de probation, que fueron negadas por el Tribunal.
La acusación estará a cargo del titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, quien condujo durante años la instrucción y logró en 1019 que el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás impusiera una cautelar que prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas, aún vigente.
Por parte de los damnificados, la querella será representada por los abogados Fernando Cabaleiro, Carlos Quintana y Sabrina Ortíz, una de las víctimas y cara visible de la lucha vecinal que decidió instruirse y se recibió de abogada para poder litigar en el caso y sobre otros temas ambientales.
Al banquillo de los acusados llegarán los productores rurales Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini, a quienes se los acusa de realizar fumigaciones en cercanías a viviendas y escuelas rurales por fuera de lo establecido por las leyes y regulaciones vigentes.
En todos los casos, los ruralistas están acusados de contaminación ambiental e infracción a la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051.
A su vez, serán juzgados dos exfuncionarios del municipio de Pergamino durante la primera etapa de la gestión del intendente Javier Martínez (PRO).
Se trata del ingeniero agrónomo Guillermo Nicolás Naranjo, quien se desempeñó como titular de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad y de Mario Daniel Tocalini auditor de esa dependencia.
A los señalados se los imputa por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” dado que, según la querella fueron advertidos por algunos damnificados de las maniobras de los productores y permitieron la continuidad de las fumigaciones.
La causa penal se tramita desde el 13 de septiembre de 2018, a raíz de un llamado telefónico a la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina, donde una mujer, luego se supo que era Sabrina Ortíz, denunció que padecía problemas de salud derivados de las fumigaciones con agroquímicos que se efectuaban sobre campos cercanos a la Escuela N°52 de esa localidad.
En base a las pruebas recolectadas, el fiscal concluyó que a través de las fumigaciones con agroquímicos realizadas mediante mochilas o tractores “mosquito”, los imputados “en violación a la ordenanza municipal y las normas provinciales, contaminaron el ambiente y provocaron un daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida”.
Entre las afecciones relvadas, el fiscal menciona cuadros de alergias severas, afecciones respiratorias e, incluso, cáncer
De acuerdo a lo publicado por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal se detectó “glifosato en sangre y orina de personas, con un incremento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico, sumado a los resultados de estudios de contaminación en barrios de esa región, que arrojaron un amplio cumulo de moléculas de plaguicidas en aguas y suelo, determinándose con posterioridad -según informaron algunos de los especialistas intervinientes en autos- que el agua (de red y pozos) no resultaba apta para consumo humano, circunstancia ésta que aún se encuentra en plena etapa de discusión”.
Ese cuadro situacional derivó en la posterior medida cautelar que afecta al Partido de Pergamino.
Días atrás, el intendente de Pergamino Javier Martínez habló con NewsDigitales y cuestionó las restricciones judiciales que rigen desde 2019 en su distrito.
Sobre la suspensión de la ordenanza municipal que regulaba el uso de fitosanitarios, el Jefe Comunal dijo: “A la producción local le genera un perjuicio, a la salud en general si le genera un beneficio sería muy relativo y para muy poca gente. Pergamino tiene una ordenanza municipal que fue lo que la justicia la declaró insuficiente y hay diez ciudades alrededor de Pergamino que no tienen ni siquiera ordenanza municipal”.
Martínez recordó que la medida se originó a partir del mal manejo de un grupo reducido de productores y sostuvo que la consecuencia fue un castigo generalizado. “Por unos pocos productores desprolijos que hoy están imputados se castigó al conjunto”, afirmó.
A diferencia de la mayoría de las voces escuchadas hasta ahora, el alcalde del PRO afirmó que la salida es una regulación nacional y no un marco regulatorio a cargo de la Legislatura bonaerense.
Cabe recordar que el planteo no solo ocurre a días del histórico juicio sino en medio de nuevas medidas restrictivas de la justicia al uso de pesticidas, luego que la Suprema Corte bonaerense suspendió artículos de las ordenanzas de Tandil y Rauch, que reavivaron el debate sobre la necesidad de una salida política al problema que contemple una respuesta integral.