Expulsaron del país a un delincuente peruano con 20 causas penales

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este lunes la expulsión del ciudadano peruano Luis Humberto Bastos Espinoza, quien acumulaba más de 20 causas penales por robos reiterados y varias condenas de cumplimiento efectivo, en un operativo articulado entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección Nacional de Migraciones, con intervención del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires.

La expulsión se concretó en el marco de la Ley de Migraciones Nº 25.871, que habilita a las autoridades a revocar residencias y disponer la salida del país de extranjeros con antecedentes que comprometen la seguridad pública. Bastos Espinoza se encontraba alojado en la División Alcaidías (Anexo Cavia) de la PFA, a disposición de la Justicia mientras se evaluaba su situación jurídica y migratoria.

Contexto político y cifras récord

El caso se inscribe en un contexto de intensificación de la política migratoria impulsada por el Gobierno de Alejandra Monteoliva, quien desde que asumió al frente del Ministerio ha promovido un endurecimiento de los controles en fronteras, aeropuertos y operativos urbanos.

Según datos oficiales difundidos por la propia ministra, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 casi 5.000 personas fueron expulsadas, inadmitidas, capturadas o extraditadas del país, lo que constituye un récord histórico en materia de control migratorio.

Monteoliva detalló que en diciembre fueron 2.400 los casos registrados y en lo que va de enero otros 2.300, atribuyendo el incremento al refuerzo de controles en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y zonas urbanas. La ministra insistió en que la política se basa en un principio explícito: “si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís o estás de manera ilegal, quedás afuera”.

Operativos urbanos y tecnologías de identificación

En paralelo al anuncio de cifras récord, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos migratorios en zonas urbanas del conurbano bonaerense, como en Villa Celina (La Matanza), donde se identificaron 458 personas y 16 de ellas en situación migratoria irregular. En esos procedimientos se empleó tecnología biométrica de identificación rápida (Morpho RAPID ID) para cruzar información con bases de datos de la PFA, Migraciones y otros sistemas estatales.

Estas inspecciones no se limitaron a cuestiones exclusivamente migratorias: también se detectaron infracciones a la Ley de Marcas y la comercialización de productos denunciados como robados, lo que derivó en secuestros de mercadería y detenciones a cargo de la Justicia Federal.

Política de seguridad y debate público

Desde el Ejecutivo destacan que los resultados responden a una política integral de seguridad y migración, con foco en la prevención de delitos y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. Para las autoridades, estas medidas buscan garantizar la seguridad interna y el orden público, y representan una señal de mano firme frente a extranjeras y extranjeros con antecedentes o en situación irregular.

El enfoque del Gobierno, y en particular de Monteoliva, ha generado además debates públicos sobre la comparación con políticas migratorias más duras como las aplicadas por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y sobre posibles impactos en la percepción de Argentina como destino migratorio.