Ni desinflación ni transparencia: la economía en la era Milei

¿Se puede construir un “milagro de la inflación” sobre números que el propio Estado admite que habrían sido más altos si hubiera usado la metodología correcta? ¿Alcanza con prometer “inflación cero” para 2026 cuando el organismo encargado de medirla entra en crisis y su director se va después de que el Banco Central corrija el cálculo?

La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, presentada este lunes 2 de febrero, llega exactamente en ese punto de tensión. El Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria, reconoció que si el Índice de Precios al Consumidor se hubiera calculado con la nueva canasta de gastos y ponderadores -la que empezó a regir recién en 2026- la inflación de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei habría sido más alta, sobre todo por el peso de tarifas y servicios públicos. Es, en los hechos, la admisión oficial de que el IPC que sostuvo el relato del “milagro desinflacionario” subestimó la suba real de precios.

Según reconstrucciones periodísticas y sindicales, el nuevo IPC basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 estaba listo desde hacía meses, pero se demoró su aplicación plena en 2024 y 2025, cuando el Gobierno necesitaba mostrar una inflación en baja rápida para sostener políticamente el ajuste. 

Al seguir usando una canasta vieja, con mayor peso de los alimentos y menor ponderación de tarifas y servicios, los índices oficiales quedaron hasta 15 puntos por debajo de lo que habría arrojado el indicador actualizado, tal como denunciaron gremios y organizaciones técnicas.

No se trata de un funcionario cualquiera. Lavagna hijo llegó al INDEC en 2019, con el mandato de “normalizar” la estadística pública después de la intervención del organismo bajo Guillermo Moreno. Durante años fue emblema de la resistencia técnica a aquel INDEC del “dibuje”: su consultora había sido multada por publicar una inflación distinta a la del Gobierno kirchnerista.   

Hoy, paradójicamente, su salida queda asociada a la confirmación de que también bajo su gestión, ya en la era Milei, las cifras oficiales de precios dieron menos de lo que correspondía con la nueva metodología. El técnico que antes denunciaba la manipulación termina envuelto en una discusión sobre el maquillaje estadístico de otro proyecto político.

El contexto político amplifica el golpe. El Gobierno festejó que la inflación de 2025 cerrara en 31,5 %, el nivel más bajo en ocho años, con un diciembre de 2,8 % mensual. A partir de esos datos, Milei y Luis Caputo construyeron el corazón del relato oficial: el éxito del ajuste, la derrota de la inflación, la idea de que los costos sociales presentes estarían comprando una estabilidad futura. Sobre esa base, el Presidente se permitió incluso poner fecha al “final” del problema: prometió que para mediados de 2026, o a más tardar agosto, la inflación mensual “va a empezar con cero” y tenderá a desaparecer.

Ahora, el propio Banco Central admite que el índice “viejo” infravaloró el peso de las tarifas y servicios que explotaron en 2024 y 2025. Lo que se presentaba como una épica de buena letra monetaria y disciplina fiscal aparece cruzado por una decisión política mucho más terrenal: postergar el nuevo IPC para que el salto de precios regulados no se tradujera con toda su fuerza en la estadística oficial. El resultado: una inflación “baja” construida en parte por metodología desfasada, al mismo tiempo que se ajustaban jubilaciones, salarios públicos y tarifas.

Mientras tanto, debajo de ese número, la economía real cuenta otra historia. La producción industrial cayó cerca de 9-10 % en 2024 respecto de 2023 y siguió con retrocesos en 2025; la utilización de la capacidad instalada ronda el 57–57,7 %, uno de los niveles más bajos desde la gran crisis. Los informes privados y oficiales hablan de recesión técnica o “moderada”, con caídas del PBI, consumo deprimido, cierre de pymes y un mercado laboral que pierde puestos registrados mes a mes. La estadística de precios luce ordenada; la vida cotidiana, bastante menos.

El contraste se vuelve más nítido cuando se mira el espejo histórico que el propio Milei usa para definirse. En la década 2003–2011, la economía argentina vivió uno de sus ciclos de expansión más fuertes desde el retorno a la democracia, con años de crecimiento del PBI por encima del 8–9 %, rebote industrial, recuperación del empleo y del salario real. Ese proceso convivió con inflación en ascenso y, más tarde, con la manipulación de estadísticas que terminó en condenas judiciales y juicios internacionales por el cambio de metodología del PBI y los bonos atados al crecimiento. El kirchnerismo intentó amortiguar políticamente el costo de un modelo que crecía con precios altos; el mileísmo intenta consagrar como victoria moral un ajuste que comprime actividades, mientras la inflación “oficial” se corrige hacia abajo por una decisión metodológica.

El punto no es la aritmética de quién mintió más o menos, ni un empate moral entre gobiernos muy distintos. Lo que queda expuesto es otra cosa: el lugar que ocupa la verdad estadística en un proyecto que hizo del combate a “la casta” y a “los datos dibujados” uno de sus argumentos fundacionales. Mientras Milei se presenta en foros empresariales y en cadenas internacionales como el líder que domó la inflación y encarna un nuevo orden de disciplina monetaria, el organismo que sostiene esa narrativa atraviesa renuncias encadenadas, cuestionamientos gremiales y sospechas de maquillaje avaladas, ahora, por el propio Banco Central.

La salida de Lavagna agrava esa fisura. No está claro quién lo va a reemplazar, ni con qué grado de autonomía real frente a un Ministerio de Economía que hizo del número 31,5 % una bandera política y que aspira a mostrar un sendero descendente rumbo a la “inflación cero” en medio de una recesión persistente. Pero sí está claro que el margen para seguir presentando la desinflación como un fenómeno puramente técnico se achica: cuando el propio Estado reconoce que con el índice correcto la película cambiaba, el debate deja de ser una disputa ideológica entre oficialismo y oposición y pasa a ser una pregunta básica de moral pública.

En el fondo, el caso INDEC vuelve a poner sobre la mesa el corazón del modelo económico y moral de Milei. Un programa que sacrifica actividad, empleo y consumo en nombre de un orden de precios que todavía está lejos de estabilizarse, y que ahora resulta estar más apoyado en una ingeniería estadística oportunista de lo que el Gobierno estaba dispuesto a admitir. El Presidente quiere que en agosto los carteles del supermercado muestren un cero adelante. Antes de mirar la góndola, la sociedad se va a preguntar qué tan confiable es el número que imprime el Estado y qué tipo de país se está construyendo cuando hasta el “éxito” se sostiene en estadísticas que hay que reescribir a la mañana siguiente.