El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que el municipio apelará el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que prohíbe la circulación de cuatriciclos, camionetas 4x4 y UTV en la zona conocida como La Frontera, uno de los principales sectores de médanos del partido. La resolución judicial impide la realización de pruebas de destreza, competencias, eventos recreativos motorizados organizados y cualquier maniobra considerada temeraria en el área.
Ante la medida, Ibarguren expresó su desacuerdo y defendió las actividades motorizadas al considerar que forman parte de la identidad turística local y generan empleo. “Esto es algo cultural de Pinamar y además genera muchísimo trabajo. Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”, afirmó, y remarcó que el problema no es la actividad en sí sino quienes incumplen las normas de seguridad.
El jefe comunal sostuvo que el Municipio no busca eliminar estas prácticas sino regularlas y sancionar con mayor severidad a quienes realicen maniobras peligrosas. En ese sentido, señaló que se incrementaron las multas, se secuestraron vehículos y se avanzó con inhabilitaciones de licencias, en coordinación con autoridades provinciales y nacionales, tras los últimos incidentes registrados en la zona.
La prohibición judicial se dictó luego del grave accidente ocurrido en enero en La Frontera, donde un choque entre un UTV y una Volkswagen Amarok dejó gravemente herido a Bastián Jerez, un niño de ocho años. La causa judicial continúa en trámite, con conductores inhabilitados tras dar positivo en alcoholemia y pericias accidentológicas en curso, mientras el menor permanece internado en Mar del Plata.
La resolución fue adoptada a partir de una presentación realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y ordena al Municipio reglamentar, controlar y, en caso de ser necesario, impedir actividades que afecten la seguridad, la salubridad y el orden público en los médanos costeros.
El fallo establece la prohibición inmediata de competencias, desafíos y eventos recreativos motorizados organizados en La Frontera, mientras se evalúan medidas estructurales de control. Desde el Ejecutivo local anticiparon que la apelación buscará revertir la prohibición total y proponer un esquema de regulación más estricto que permita compatibilizar turismo, seguridad y actividad económica.