PAMI bajo la lupa: órdenes truchas, recetas falsas y un esquema que salpica a muchos

Las auditorías internas del PAMI encendieron todas las alarmas dentro del sistema de salud de los jubilados al detectar prácticas médicas directamente incompatibles con cualquier parámetro laboral, técnico o humano razonable. Los relevamientos, realizados en áreas sensibles como cardiología y gastroenterología, expusieron esquemas de facturación que sugieren maniobras de fraude sistemático contra la obra social más grande del país.

Uno de los casos más llamativos se registró en gastroenterología: un prestador con apenas dos quirófanos declaró haber realizado 283 prácticas en solo cinco horas, correspondientes a 95 pacientes distintos, un volumen que, según los auditores, excede de manera grosera la capacidad operativa del establecimiento y no puede ser explicado por ninguna lógica sanitaria.

En cardiología, los hallazgos fueron aún más escandalosos. Prestadores contratados como personas físicas transmitieron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, vinculadas a 326 pacientes distintos. Considerando un tiempo promedio de atención de entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga implicaría jornadas laborales de entre 81 y 108 horas diarias, algo materialmente imposible.

Las auditorías también detectaron turnos asignados en simultáneo al mismo profesional para distintas prácticas, emisión múltiple de órdenes desde un mismo usuario y el uso compartido de credenciales para manipular el sistema de trazabilidad. En numerosos casos, los jubilados figuraban como atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento facturado.

Estas irregularidades se suman a denuncias ya impulsadas por la conducción del organismo, encabezada por Esteban Leguízamo, que incluyen sobrefacturación, recetas electrónicas falsas, órdenes médicas truchas y uso indebido de datos personales de afiliados. Las maniobras, según los informes internos, habrían generado un perjuicio millonario al Estado.

Las actuaciones derivaron en sumarios administrativos, sanciones, bajas de prestadores y denuncias penales ante la Justicia federal bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Las causas siguen en investigación y el monto total del daño económico aún está en proceso de cuantificación.

Como parte del endurecimiento de controles, el PAMI implementó un nuevo esquema de fiscalización que incluye monitoreo permanente de umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital, auditorías continuas según la capacidad declarada de cada prestador, cruce de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

Desde el organismo insisten en que el objetivo no es recortar prestaciones, sino cerrar los canales históricos de fraude y garantizar que los recursos del sistema lleguen efectivamente a los jubilados, en una de las cajas más sensibles del Estado.

Una caja histórica bajo la lupa judicial

Las auditorías actuales se inscriben en un proceso más amplio de revisión del sistema iniciado en 2024, que ya había expuesto negocios concentrados y prácticas cartelizadas en rubros sensibles como la provisión de pañales. En ese marco, el PAMI eliminó la modalidad de retiro por farmacia y avanzó hacia licitaciones públicas centralizadas, con un ahorro estimado de $5.000 millones anuales.

Con causas judiciales abiertas, controles reforzados y prestadores bajo investigación, la gestión de Leguízamo busca desarmar estructuras enquistadas desde gestiones anteriores y recuperar la trazabilidad de un sistema históricamente opaco, donde durante años se facturó sin control a costa de los jubilados.