La ratificación oficial del traslado del sable corvo del general José de San Martín volvió a colocar a los símbolos nacionales en el centro de una controversia política. La medida, formalizada mediante el Decreto 81/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, no solo redefinió el destino de una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina, sino que derivó en la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, dispone que el sable vuelva a quedar bajo la guarda del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, revirtiendo su exhibición permanente en el museo, donde se encontraba desde 2015.
Horas después de la publicación del decreto, María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable a la dirección del Museo Histórico Nacional. La ahora exfuncionaria dejó trascender su desacuerdo con la decisión oficial y cuestionó la lectura que hizo el Gobierno sobre el proceso histórico y jurídico de donación del sable, al que definió como una “interpretación muy original”.
Sin confrontar de manera directa, Rodríguez Aguilar deslizó que el conflicto excede largamente el plano patrimonial. “Esto ya pasó otras veces en la historia argentina y forma parte de los sectarismos extremos de nuestra sociedad”, señaló, al trazar un paralelismo con disputas del siglo XIX que también atravesaron la figura de San Martín y el destino de su espada.
La salida de la directora se inscribe en una escalada de tensiones que fue creciendo en los últimos días y que sumó ingredientes políticos. Desde el anuncio del traslado, el debate se trasladó a las redes sociales y al propio museo, donde trabajadores denunciaron episodios de hostigamiento protagonizados por jóvenes que se identificaban como libertarios y reclamaban el regreso del sable al regimiento, con consignas que aludían a decisiones tomadas durante el kirchnerismo.
El trasfondo expuso una disputa simbólica: para el Gobierno, la medida busca “restituir el contexto histórico propio” del sable y reforzar su valor como emblema de soberanía; para sectores del ámbito cultural, la decisión implica un desplazamiento político de una pieza que había sido incorporada al relato museográfico del Estado.
El decreto oficial reconstruye un recorrido zigzagueante. El sable fue donado al Estado nacional en 1897 y atravesó distintos destinos institucionales. Tras los robos sufridos en los años 60, se dispuso su custodia definitiva en el Regimiento de Granaderos mediante un decreto de 1967. Sin embargo, en 2015, una nueva norma autorizó su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, aunque manteniendo formalmente la custodia militar.
Ese esquema fue ahora derogado. El Gobierno argumentó razones de seguridad, preservación y coherencia histórica para justificar el cambio, además de remarcar que el regimiento fue creado por el propio San Martín.
La polémica dejó al descubierto que el sable corvo funciona hoy como algo más que un objeto histórico. Su traslado reactivó una discusión sobre quién administra los símbolos nacionales, cómo se los exhibe y qué narrativa los rodea.
La renuncia en el museo, lejos de cerrar el episodio, confirmó que la decisión abrió un frente de conflicto donde se cruzan gestión cultural, memoria histórica y disputa política, con una de las piezas más emblemáticas del patrimonio argentino en el centro de la escena.