04/02/2026 - Edición Nº1093

Internacionales

Transición en disputa

Venezuela ante la transición: por qué los políticos no pueden conducir el nuevo ciclo

03/02/2026 | La captura de Maduro abre un proceso en tres fases, pero la historia venezolana advierte sobre el riesgo de delegar el futuro en una dirigencia desacreditada.



La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana y abrió un escenario inédito tras años de autoritarismo, fraude electoral y colapso institucional. El hecho se produjo apenas meses después de unas elecciones presidenciales ampliamente cuestionadas, celebradas el 28 de julio de 2024, que profundizaron la ruptura de la legitimidad democrática. Desde entonces, el país transita un proceso definido en tres etapas: estabilización y seguridad, recuperación económica y prosperidad, y, finalmente, transición hacia la democracia. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que el mayor riesgo de este camino no es técnico ni económico, sino político.

El nuevo ciclo se inicia con un problema estructural: la falta de credibilidad de la dirigencia política venezolana. Durante décadas, los partidos y líderes que se presentaron como garantes de la democracia terminaron reproduciendo prácticas de corrupción, clientelismo y conspiración que erosionaron al Estado. Pretender que esos mismos actores conduzcan hoy una transición ordenada implica ignorar las lecciones más duras del pasado.

Venezuela 


Venezuela es un país de la costa norte de América del Sur, con diversas atracciones naturales.

La democracia frustrada del siglo XX

Venezuela ya conoció una transición fallida. En 1948, Rómulo Gallegos se convirtió en el primer presidente electo por voto universal, directo y secreto. Su gobierno, que buscaba institucionalizar la democracia tras años de autoritarismo, fue rápidamente desestabilizado. Sectores políticos, con Acción Democrática en el centro de las disputas internas, conspiraron en un clima de fractura civil y militar que terminó con su derrocamiento. El episodio inauguró una larga secuencia de interrupciones institucionales y dejó una marca persistente: cuando la política se antepone a la institucionalidad, la democracia se vuelve inviable.

Décadas más tarde, la restauración democrática no corrigió esos vicios. Entre los años sesenta y noventa, el país multiplicó su endeudamiento, expandió un Estado ineficiente y toleró niveles crecientes de corrupción. Mientras la renta petrolera financiaba el sistema político, se acumulaban episodios de represión, masacres y derroche que vaciaron de contenido la promesa democrática. El resultado fue un deterioro económico profundo: Venezuela pasó de ser una de las economías más prósperas de la región a empobrecerse de forma estructural, abriendo el camino al colapso posterior.

El interinato y la repetición del error

La crisis de legitimidad no terminó con el chavismo. En 2019, la proclamación de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó volvió a presentar a la dirigencia política como solución. Sin embargo, el experimento repitió los patrones históricos: mandatos extendidos sin respaldo electoral, opacidad en el manejo de recursos y denuncias de corrupción. Las acusaciones realizadas por exfuncionarios y embajadores, como Humberto Calderón Berti, expusieron fisuras internas y prácticas que socavaron la confianza pública.

Más allá de los casos individuales, el interinato dejó una señal clara: incluso en un contexto de emergencia nacional, la política venezolana fue incapaz de autoimponerse límites y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Lejos de acelerar la transición, el proceso terminó agotando expectativas y debilitando el respaldo internacional.

Una transición que exige distancia política

El escenario actual vuelve a colocar a Venezuela ante una disyuntiva histórica. La estabilización y la recuperación económica requieren decisiones técnicas, previsibilidad y seguridad jurídica. Pero la transición democrática, si se deja en manos de una clase política desacreditada, corre el riesgo de convertirse en una disputa por cuotas de poder antes que en un proceso de reconstrucción institucional.

La lección que atraviesa más de setenta años de historia es consistente: cuando los políticos controlan la transición, la transición fracasa. El desafío, esta vez, es construir un proceso con reglas claras, controles externos y actores distintos a quienes han demostrado, una y otra vez, que anteponen sus intereses al futuro del país. Solo así la tercera fase -la democracia- dejará de ser una promesa y podrá convertirse en un resultado sostenible.