La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana y abrió un escenario inédito tras años de autoritarismo, fraude electoral y colapso institucional. El hecho se produjo apenas meses después de unas elecciones presidenciales ampliamente cuestionadas, celebradas el 28 de julio de 2024, que profundizaron la ruptura de la legitimidad democrática. Desde entonces, el país transita un proceso definido en tres etapas: estabilización y seguridad, recuperación económica y prosperidad, y, finalmente, transición hacia la democracia. Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que el mayor riesgo de este camino no es técnico ni económico, sino político.
El nuevo ciclo se inicia con un problema estructural: la falta de credibilidad de la dirigencia política venezolana. Durante décadas, los partidos y líderes que se presentaron como garantes de la democracia terminaron reproduciendo prácticas de corrupción, clientelismo y conspiración que erosionaron al Estado. Pretender que esos mismos actores conduzcan hoy una transición ordenada implica ignorar las lecciones más duras del pasado.
Venezuela ya conoció una transición fallida. En 1948, Rómulo Gallegos se convirtió en el primer presidente electo por voto universal, directo y secreto. Su gobierno, que buscaba institucionalizar la democracia tras años de autoritarismo, fue rápidamente desestabilizado. Sectores políticos, con Acción Democrática en el centro de las disputas internas, conspiraron en un clima de fractura civil y militar que terminó con su derrocamiento. El episodio inauguró una larga secuencia de interrupciones institucionales y dejó una marca persistente: cuando la política se antepone a la institucionalidad, la democracia se vuelve inviable.
Décadas más tarde, la restauración democrática no corrigió esos vicios. Entre los años sesenta y noventa, el país multiplicó su endeudamiento, expandió un Estado ineficiente y toleró niveles crecientes de corrupción. Mientras la renta petrolera financiaba el sistema político, se acumulaban episodios de represión, masacres y derroche que vaciaron de contenido la promesa democrática. El resultado fue un deterioro económico profundo: Venezuela pasó de ser una de las economías más prósperas de la región a empobrecerse de forma estructural, abriendo el camino al colapso posterior.
Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026
La crisis de legitimidad no terminó con el chavismo. En 2019, la proclamación de un gobierno interino encabezado por Juan Guaidó volvió a presentar a la dirigencia política como solución. Sin embargo, el experimento repitió los patrones históricos: mandatos extendidos sin respaldo electoral, opacidad en el manejo de recursos y denuncias de corrupción. Las acusaciones realizadas por exfuncionarios y embajadores, como Humberto Calderón Berti, expusieron fisuras internas y prácticas que socavaron la confianza pública.
Más allá de los casos individuales, el interinato dejó una señal clara: incluso en un contexto de emergencia nacional, la política venezolana fue incapaz de autoimponerse límites y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Lejos de acelerar la transición, el proceso terminó agotando expectativas y debilitando el respaldo internacional.
Esta es la primera vez en más de una década que vemos una luz de una oportunidad para cambiar las condiciones. Ello dependerá en gran parte de nosotros pero también dependerá en gran parte de ellos, y también dependerá del resto de la sociedad venezolana. - Secretario de Estado… pic.twitter.com/Bn0rSUtDrB
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El escenario actual vuelve a colocar a Venezuela ante una disyuntiva histórica. La estabilización y la recuperación económica requieren decisiones técnicas, previsibilidad y seguridad jurídica. Pero la transición democrática, si se deja en manos de una clase política desacreditada, corre el riesgo de convertirse en una disputa por cuotas de poder antes que en un proceso de reconstrucción institucional.
La lección que atraviesa más de setenta años de historia es consistente: cuando los políticos controlan la transición, la transición fracasa. El desafío, esta vez, es construir un proceso con reglas claras, controles externos y actores distintos a quienes han demostrado, una y otra vez, que anteponen sus intereses al futuro del país. Solo así la tercera fase -la democracia- dejará de ser una promesa y podrá convertirse en un resultado sostenible.