La reciente decisión del Poder Ejecutivo de suspender la implementación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puso en el centro del debate técnico la evolución del salario real en Argentina. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la aplicación de la canasta actualizada —que el Gobierno decidió postergar— revelaría una pérdida del poder adquisitivo sensiblemente distinta a la que arroja la medición vigente de 2004.
El documento señala que, bajo el esquema actual, el retroceso de los salarios registrados entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 se sitúa oficialmente en un 6,4%. No obstante, al utilizar los ponderadores del índice postergado (basado en la encuesta 2017/18), la estadística cambia drásticamente. La brecha entre la inflación medida y el impacto real en el bolsillo revela una distorsión que afecta a los salarios registrados.

La divergencia entre ambas mediciones radica en la ponderación de los gastos. El nuevo IPC, trabajado por los equipos técnicos del INDEC, otorga mayor peso a los servicios públicos, el transporte y la conectividad.
Según el informe del CEPA, si se tomara esta última referencia, la caída acumulada de los salarios en los últimos dos años ascendería al 15,7%, representando un impacto casi tres veces superior al que se informa hoy.
Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 3, 2026
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Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo aseguró que la postergación busca evitar dudas sobre la transparencia de los datos mientras el proceso de desinflación no esté "totalmente consolidado". Consultoras como Equilibra y C&T Asesores Económicos coinciden en que, aunque en el corto plazo la diferencia mensual puede ser marginal (cerca de 0,1 puntos), el efecto acumulado es el que genera la brecha en la percepción social de los ingresos.
Tras la renuncia de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines al frente del organismo, el Gobierno ratificó que se mantendrá la estructura de 2004. Esta decisión implica que los ajustes en las tarifas de energía y transporte seguirán teniendo una incidencia menor en el índice general de lo que tendrían con la canasta actualizada, un factor clave para la estrategia de "desinflación" que persigue el Palacio de Hacienda.