Más allá de los derechos de exportación a la producción agroindustrial, las entidades que representan al cambio alertaron sobre la presión impositiva que soportan los tambos argentinos. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) analizó esye tema, a partir de datos aportados por la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (MEPROSALFE) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE). En su informe, expusieron la cantidad de tributos que impactan sobre la actividad y su incidencia en los resultados económicos de los establecimientos.
Según detallaron las entidades, a enero de 2026 la lechería argentina atraviesa un escenario que combina aumento de la producción con dificultades en los márgenes económicos. En este contexto, indicaron que el crecimiento productivo se explica por mejoras en la eficiencia, incorporación de tecnología y condiciones climáticas favorables, con proyecciones de incremento para el año en curso. Al mismo tiempo, señalaron que los costos totales, entre ellos los impositivos, mantienen presión sobre la rentabilidad.
El relevamiento incluyó consultas a productores y otros eslabones de la cadena láctea, con información que enciende algunas luces de alarma. Una primera conclusión es que el nivel de informalidad en el sector supera el 40% en distintos rubros, entre ellos ventas, compras y relaciones laborales. También mencionaron la presencia de productos fraudulentos en el mercado, que las entidades vincularon con la carga tributaria que enfrentan los establecimientos.
“Realmente pensamos que la presión fiscal no justifica estos delitos, pero un empresario tambero en Argentina debe afrontar un mínimo de 37 tributos anuales distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal”, señalaron desde CARSFE. El informe agregó que la carga impositiva total puede representar hasta el 42% de las ventas de una empresa del sector, según su escala y localización.
🥛 Producimos más leche. Invertimos más. Trabajamos más. Pero cada vez nos queda menos.
— CRA (@CRAprensa) February 4, 2026
Hoy un tambo argentino enfrenta hasta 37 impuestos distintos y puede perder el 42% de sus ventas en tributos entre Nación, Provincia y Municipio.
🐄 La consecuencia es clara: menos… pic.twitter.com/Je91LZzSGz
En el plano nacional, los tributos mencionados incluyen los Impuesto a las Ganancias, Valor Agregado (IVA) y sobre los Débitos y Créditos Bancarios. Además, se suman tributos a combustibles líquidos y al dióxido de carbono, impuestos internos y distintos regímenes de retenciones y percepciones. También se contabilizan las cargas sociales vinculadas al empleo.
Sobre el Impuesto a las Ganancias, las entidades recordaron que se aplica con una escala progresiva de entre el 25% y el 35% sobre la utilidad neta, según el nivel de renta. “Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado es justo”, expresaron en el documento. En cuanto al IVA, indicaron que la alícuota general es del 21%, con tasas reducidas para algunos productos, y plantearon la necesidad de revisar su impacto en la cadena láctea.
El Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios -conocido como impuesto al cheque- fue señalado por su efecto acumulativo sobre operaciones financieras. “Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto, pedimos su eliminación”, indicaron. Los ruralistas mencionaron el peso de los impuestos incluidos en el precio de los combustibles, que se trasladan a los costos de producción y transporte.
El informe incorporó además los impuestos internos que alcanzan a bienes tecnológicos y electrónicos utilizados en los establecimientos. Según las entidades, la adopción de equipamiento y herramientas vinculadas a la eficiencia productiva está alcanzada por estos gravámenes. En relación con las cargas sociales, propusieron modificaciones orientadas a un esquema que, según expresaron, facilite la formalización laboral.
Otro punto abordado fue el de los regímenes de retenciones y percepciones de impuestos nacionales, que funcionan como pagos a cuenta de Ganancias e IVA. “Que cada contribuyente pague lo que le corresponda, evitando retenciones indebidas y facilitando a ARCA en control por contribuyente directo”, señalaron. También destacaron la vigencia del Monotributo como herramienta de inclusión, aunque solicitaron controles para evitar maniobras de evasión.
A nivel provincial, el informe identificó como principales tributos a los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Inmobiliario Rural. En el caso de Ingresos Brutos, se trata de un impuesto que grava la facturación bruta con alícuotas que varían según la actividad y la jurisdicción. Las entidades indicaron que su aplicación alcanza distintas etapas de la cadena productiva.
En el plano municipal, se mencionaron tasas vinculadas a servicios locales. El documento señala que estos cargos forman parte del conjunto de obligaciones que deben afrontar los establecimientos, junto con tributos nacionales y provinciales.
De cara a 2026, las entidades plantearon que la evolución de la actividad estará condicionada por la relación entre precios, costos e impuestos. Señalaron la necesidad de sostener la rentabilidad de los tambos, mantener el acceso al financiamiento para inversiones en tecnología y eficiencia, y preservar la competitividad tanto en el mercado interno como en el externo.
“Como conclusión, el sector tambero argentino, que generó el mayor aumento mundial de producción en el 2025, hoy muestra dinamismo productivo hacia 2026. Pero la matriz impositiva, junto con factores macroeconómicos y de mercado, genera un escenario de alerta sobre la rentabilidad, requiriendo políticas de apoyo y alivio fiscal para sostener la actividad y que dejen de cerrar tambos”, expresaron desde las entidades que integran CRA.