Milei estira la intervención de Educ.ar: qué pasará con Conectar Igualdad

El Gobierno nacional dispuso la prórroga de la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal por un nuevo período, que comenzará a regir el 4 de febrero de 2026 y se extenderá hasta febrero de 2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto 82/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Según lo establecido en la norma, la extensión tendrá una duración inicial de un año y podrá ser prorrogada por única vez por la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de completar el proceso de reordenamiento institucional y administrativo de la empresa estatal.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de consolidar los cambios implementados durante la intervención, entre ellos la transformación de Educ.ar de sociedad del Estado a sociedad anónima unipersonal, la regularización de balances pendientes y trámites ante la Inspección General de Justicia, y la aprobación de un nuevo organigrama con reducción de niveles jerárquicos.

El decreto advierte que levantar la intervención en esta etapa podría generar discontinuidades en la conducción y debilitar los mecanismos de control interno, afectando la estabilidad institucional de la compañía. En ese marco, el Gobierno planteó la necesidad de asegurar una transición ordenada hacia la normalización definitiva, con foco en la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad de la gestión.

Durante el período intervenido también se implementaron dos planes de retiros voluntarios que redujeron la planta de personal a 172 empleados, lo que -según el Ejecutivo- permitió disminuir el gasto público y recuperar fondos vinculados a deudas pendientes.

Uno de los puntos centrales mencionados en la normativa es que Educ.ar tiene actualmente bajo su órbita el programa Conectar Igualdad, transferido en 2025, por lo que la continuidad de la intervención resulta clave para garantizar la provisión de servicios educativos y de conectividad en todo el país.

En paralelo, la empresa avanza en la actualización de su reglamento de compras y contrataciones, la elaboración de manuales de procedimientos internos y el diseño de un plan estratégico orientado a generar recursos propios y asegurar su sostenibilidad financiera, como paso previo a la normalización institucional definitiva.