El proceso abierto en el Superior Tribunal Militar de Brasil marca un punto de inflexión en la relación entre la política y los cuarteles. Por primera vez desde la redemocratización, la justicia castrense debe decidir si un expresidente, condenado por atentar contra el orden constitucional, puede seguir ostentando rango militar. El caso de Jair Bolsonaro trasciende lo jurídico y reabre un debate de fondo sobre los límites de la obediencia, la disciplina y la lealtad institucional.
La solicitud presentada por la Fiscalía Militar no busca revisar la condena penal ya firme, sino evaluar la dignidad moral y funcional del exmandatario para continuar en el oficialato. En términos castrenses, se trata de un juicio de honor, una figura excepcional que apunta a preservar la coherencia interna de las Fuerzas Armadas frente a conductas consideradas incompatibles con sus principios fundacionales.
El concepto de “indignidad” dentro del derecho militar brasileño opera como una sanción extrema, reservada para casos en los que un oficial compromete gravemente la imagen y los valores de la institución. La Fiscalía sostiene que la participación de Bolsonaro en la trama golpista quebró la subordinación al poder civil y dañó la credibilidad de las Fuerzas Armadas como garantes del orden democrático. Bajo ese criterio, mantenerle el rango sería convalidar una ruptura institucional.
El expediente no se limita al expresidente. También alcanza a generales y a un almirante que ocuparon posiciones clave durante su gobierno, lo que refuerza el carácter estructural del caso. El tribunal deberá definir si corresponde aplicar la llamada “muerte ficticia”, una expulsión formal que corta el vínculo con la institución y elimina prerrogativas simbólicas y materiales asociadas al estatus militar.
🚨 O Procurador-Geral da Justiça Militar levou ao STM oito casos de descaso de Jair Bolsonaro com os preceitos éticos do Estatuto dos Militares.
— F Ê N I X 🇧🇷✨ (@fenixb22) February 4, 2026
O tribunal vai decidir se o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos por “tentativa de golpe”, perde o posto e a patente. Julgamento… pic.twitter.com/dUvhUb8Hke
Más allá del desenlace jurídico, el proceso funciona como una señal política hacia el interior de los cuarteles. La decisión del tribunal puede sentar un precedente sobre hasta dónde llega la tolerancia institucional frente a proyectos de poder que desafían el marco constitucional. En un país con memoria de dictadura, el fallo será leído como un termómetro del compromiso real de las Fuerzas Armadas con la democracia.

En el plano externo, la eventual expulsión de Bolsonaro del Ejército tendría un impacto simbólico profundo. No solo debilitaría el relato del bolsonarismo militarizado, sino que también redefiniría la frontera entre política y uniforme en Brasil. El mensaje sería claro: la pertenencia castrense no es un refugio frente a la ley, sino una responsabilidad que puede perderse cuando se cruza una línea institucional.