Colegios privados en CABA: la Ciudad busca evitar los cierres "sorpresa"

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de Mercedes Miguel, oficializó una nueva normativa que busca poner fin a las "cancelaciones intempestivas" de colegios privados. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece un protocolo rígido para asegurar que el cierre de una institución sea un proceso ordenado que no deje a las familias y docentes a la deriva.

 A partir de ahora, cualquier colegio que decida cesar sus actividades o cerrar grados deberá contar con la evaluación previa y el aval de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP).

*Preaviso obligatorio: El trámite formal de cancelación debe presentarse, como máximo, el 31 de julio del año anterior al cierre previsto. Es decir, los colegios deben avisar con al menos cinco meses de antelación.

*Plan de reubicación: Las instituciones deberán presentar estrategias para que los estudiantes finalicen el año y garanticen su vacante en otra escuela.

*Resguardo de documentación: Los dueños deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a entregar los legajos oficiales en tiempo y forma.

*Canales de comunicación: Se exige la apertura de instancias de consulta y reuniones presenciales con las familias y el personal docente.

La medida no surge de forma aislada, sino en un contexto de crisis estructural. Un informe del gobierno porteño reveló un dato alarmante: en 2025, la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25% respecto a 2020. Se estima que para 2028 esta merma alcanzará a todo el nivel primario.

Esta baja en la tasa de natalidad -que a nivel nacional se redujo un 53% desde 2014-, sumada a la alta morosidad en las cuotas y los costos operativos crecientes, dejó a muchas escuelas en una situación de extrema vulnerabilidad.

La urgencia de esta regulación quedó en evidencia tras el reciente cierre del Instituto Formar Futuro, que dejó a 300 familias sin colegio y a 75 trabajadores en la incertidumbre. Según denuncias, los representantes legales cortaron todo contacto tras anunciar que no se pagarían los sueldos de diciembre, un escenario que la nueva normativa busca erradicar mediante el acompañamiento y asesoramiento temprano de la DGEGP.

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, advirtió que "sostener la educación privada resulta cada vez más complejo", señalando que los aranceles no logran absorber el impacto de los costos laborales en un sistema que, según proyecciones de Argentinos por la Educación, podría tener 1,2 millones de estudiantes menos para el año 2030.