Un informe presentado anoche en el programa Wifi 24, conducido por el periodista Nicolás Wiñazki, sostiene que el presidente Javier Milei habría sido objeto de espionaje entre enero y febrero de 2020, durante el inicio de la pandemia de COVID-19, antes de su entrada formal a la política nacional mayor.
La investigación —que incluye un listado de supuestas solicitudes de datos obtenidos de forma “ilegal” por parte de fuerzas de seguridad— fue difundida este miércoles y generó un nuevo foco de debate sobre el uso de herramientas de inteligencia en Argentina. Según el reporte, en ese listado también figurarían nombres de otras figuras públicas que no tienen actuación política, como la conductora Mirtha Legrand, lo que sugiere que no se trató de un seguimiento exclusivo al ahora mandatario.
El programa señaló que las fuerzas de seguridad habrían solicitado acceso a datos personales como cuentas bancarias, teléfonos privados y propiedades, información que, de confirmarse, solo debería haberse obtenido con autorización judicial o bajo procedimientos legales estrictos.
Uno de los nombres remarcados en el informe es el de Ariel Zanchetta un exagente de la Policía Federal Argentina, mencionado como presunto “espía de ultrakirchnerismo”, en alusión a un sector político específico, y se deslizó que Milei podría llegar a presentarse como querellante en la causa. El programa aseguró además que la base de datos utilizada fue prohibida por la Justicia y que, tras esa prohibición, alguien la habría divulgado en la web, lo que habría permitido reconstruir parte de las supuestas solicitudes.
Hasta ahora no trascendió que exista una causa judicial formal con imputaciones concretas por estos hechos, ni hubo confirmaciones oficiales sobre la veracidad de las afirmaciones del informe.
En distintas intervenciones públicas, el expresidente Alberto Fernández utilizó la expresión “los sótanos de la democracia” para aludir de manera metafórica a los ámbitos ocultos del poder vinculados principalmente al espionaje ilegal y a estructuras de inteligencia que operarían fuera de los controles institucionales.
Con esa frase, el exmandatario buscó describir la existencia de redes subterráneas —integradas, según su mirada, por exagentes, operadores judiciales y circuitos informales de información— capaces de influir en decisiones políticas o causas judiciales sin exposición pública. El término se instaló así en el debate político como sinónimo de “poder en las sombras”, asociado sobre todo al uso indebido de herramientas de inteligencia dentro de un sistema democrático.
El concepto se vinculó inevitablemente con uno de los principales escándalos de la etapa macrista: las denuncias por espionaje ilegal llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para vigilar a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, a periodistas y a dirigentes políticos, tanto opositores como oficialistas.