En las oficinas del Banco Provincia, bajo un estricto hermetismo, se selló un pacto político para intentar cambiar el destino de la reforma laboral en el Senado. El gobernador Axel Kicillof recibió a sus pares Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Elías Suárez, junto a la cúpula de la CGT, para trazar las "cinco armas" con las que buscarán dejar al oficialismo sin ley el próximo miércoles.
La orden directa compartida en la mesa fue no dar quórum bajo ninguna circunstancia. El triunviro de la CGT, Jorge Sola, confía en que los senadores peronistas mantendrán la disciplina de bloque para no bajar al recinto y así aplazar la discusión. El objetivo es desactivar el avance del proyecto que el oficialismo asegura tener acordado en un 95%.

La cumbre sirvió para asegurar los votos de los senadores peronistas que estaban en duda. Según fuentes gremiales, los legisladores del bloque Convicción Federal (integrado por Salino, Moisés, Rejal, Andrada y Mendoza) están alineados en la decisión de no habilitar el debate. Esto dejaría a La Libertad Avanza lejos de los 37 senadores necesarios para el inicio de la sesión.
Los gobernadores identificaron un contraataque técnico sobre el Impuesto a las Ganancias. Denuncian que la reforma beneficia a grandes empresas pero desfinancia a las provincias al recortar la masa coparticipable. Los mandatarios advirtieron que esta maniobra fiscal impactará sobre los recursos destinados a salarios provinciales y servicios básicos.
Frente a la reforma laboral, la unidad es clave. Seguimos sumando, construyendo diálogo federal y defendiendo los derechos de las y los trabajadores en todo el país. https://t.co/Mo36CLYzOQ
— Héctor Daer (@hectordaer) February 5, 2026
El plan contempla coordinar la llegada de columnas de trabajadores desde todo el país para rodear el Congreso el día de la votación. La idea es que las protestas previas en Córdoba y Rosario funcionen como un preludio de un desembarco masivo en Buenos Aires. Se busca que la presión en la calle fuerce a los senadores "dialoguistas" a rechazar la iniciativa.
Finalmente, los gobernadores acordaron respaldar la estrategia legal de la CGT. En caso de que la ley avance, se preparan amparos colectivos y acciones individuales para frenar la reforma en los tribunales. Esta vía judicial funcionará como el último recurso de resistencia ante lo que califican como una normativa "regresiva y precarizadora".