Apoyo sorpresivo: el massismo respaldará la baja de la edad de imputabilidad

La Libertad Avanza avanzó en las últimas horas con la convocatoria a una sesión especial para el próximo jueves, con el objetivo de tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otros puntos, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin embargo, el dato político central llegó desde la oposición: el Frente Renovador, espacio que conduce Sergio Massa, confirmó que acompañará el proyecto del Gobierno.

La definición se terminó de sellar este jueves por la tarde, tras una reunión en las oficinas de Avenida del Libertador 850 entre Massa y sus principales referentes en la Cámara baja. Allí se acordó unificar criterios y sostener que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años forma parte de la “posición histórica” del massismo, más allá de que ahora sea impulsada por la administración de Javier Milei.

Desde el entorno del exministro de Economía señalaron que “no importa quién envíe el proyecto”, porque el Frente Renovador no debe modificar su postura. Al mismo tiempo, aclararon que el texto oficial tiene falencias que serán planteadas durante el debate parlamentario.

La postura histórica del Frente Renovador

El alineamiento del massismo con la iniciativa libertaria no es nuevo. En 2015, Massa ya había impulsado un proyecto de reforma del Código Penal que contemplaba la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Sin embargo, el año pasado, cuando el nuevo régimen penal juvenil se discutió en comisión, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que mantenía la edad en 16 años. Para garantizar una postura unificada contra el oficialismo, las autoridades del bloque incluso reemplazaron a los diputados massistas Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo en la firma del dictamen.

Ahora, la decisión del Frente Renovador de votar a favor expone un quiebre dentro del peronismo y anticipa una fuerte discusión interna en la previa de la sesión.

Críticas al texto, pero voto afirmativo

Desde el massismo explicaron que el proyecto del Gobierno carece de definiciones clave en materia institucional. Entre otros puntos, mencionaron la ausencia de figuras como el Fiscal del Joven, el Defensor del Joven, el Juez de Garantías del Joven y el Juez de Responsabilidad.

También advirtieron que el texto no incluye una cláusula transitoria con un plan maestro de infraestructura, que contemple centros cerrados, abiertos, mixtos, terapéuticos y casas de mitad de camino.

En cuanto al apartado presupuestario incorporado por el oficialismo -que habilita a las provincias a firmar convenios con Nación para cubrir los costos de implementación-, lo consideraron “mejor que nada”, aunque señalaron que esa previsión debería estar establecida por ley y no quedar sujeta a acuerdos entre partes.

Un voto que profundiza la división

En Unión por la Patria anticipan que este viernes comenzarán reuniones para intentar ordenar posiciones y sumar a los nuevos diputados que asumieron tras el recambio de diciembre. En el Frente Renovador, en tanto, creen que otros legisladores peronistas podrían terminar acompañando el proyecto.

“Es un voto que escapa a lo partidario, es más ideológico que político”, deslizó un referente del espacio, aunque reconoció que todavía no hubo una discusión formal dentro del bloque.

Del lado libertario, confirmaron que aceptarán fijar la edad mínima en 14 años -y no en 13, como establecía el borrador original- para garantizar el acompañamiento del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

Qué propone el nuevo Régimen Penal Juvenil

El proyecto establece los 14 años como edad mínima de punibilidad y fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.

La privación de la libertad será el último recurso, con prioridad en penas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento a la víctima, monitoreo electrónico y medidas educativas.

Además, se prevé la creación de institutos especializados donde los menores condenados tengan garantizado el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones, con personal capacitado en infancia y adolescencia y prohibición absoluta de convivencia con detenidos mayores.