La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no solo reorganizó el tablero institucional mexicano, sino que activó una disputa menos visible: la del lenguaje como herramienta de poder. En paralelo a los debates sobre seguridad, economía o política exterior, emergió una discusión más profunda sobre cómo se nombra —y se desautoriza— a quien ocupa el cargo. El uso de expresiones degradantes no aparece como un fenómeno marginal, sino como un síntoma de tensiones no resueltas entre autoridad, género y tradición política.
En ese contexto, la frontera entre crítica legítima y descalificación simbólica se vuelve central. Cuestionar decisiones de gobierno forma parte de la dinámica democrática, pero cuando el ataque se formula desde categorías que buscan rebajar jerárquicamente a la figura presidencial, el debate se desplaza. No se discuten políticas, sino el derecho mismo a ejercer el mando. Allí, el conflicto deja de ser programático y se convierte en cultural.
La utilización de términos que deforman el cargo presidencial cumple una función específica: negar autoridad sin discutir gestión. Al reducir a la presidenta a una figura de servicio, el mensaje implícito es que el poder real reside en otro lugar. Este tipo de retórica no se apoya en datos ni en balances de gobierno, sino en una operación simbólica que busca reinstalar jerarquías tradicionales bajo una apariencia de ironía o burla.
Este mecanismo no es nuevo en la historia política latinoamericana, pero adquiere una intensidad particular cuando se dirige contra una mujer en la cúspide del Estado. El lenguaje opera como atajo: evita el esfuerzo argumentativo y apela a códigos culturales compartidos. Así, el insulto funciona como una forma rápida de disciplinamiento simbólico, reforzando la idea de que el poder femenino es, por definición, provisional o delegado.

El problema de fondo no es la sensibilidad presidencial, sino la calidad del espacio público. Cuando la discusión política se desplaza hacia la humillación simbólica, se empobrece la deliberación democrática. La crítica pierde capacidad de incidir en la agenda real y se transforma en ruido. Defender la legitimidad del cargo no implica blindar al gobierno, sino preservar las reglas básicas del desacuerdo político.
La disputa en torno al lenguaje revela, en última instancia, una resistencia más amplia a aceptar transformaciones en la representación del poder. Sheinbaum encarna un cambio que incomoda a ciertos sectores no por lo que hace, sino por lo que simboliza. En ese sentido, el debate excede a una figura puntual y plantea una pregunta estructural: si la democracia puede sostenerse cuando el lenguaje se usa para erosionar, y no para confrontar, la autoridad política.