La expansión sostenida de las importaciones de gas natural desde Estados Unidos no solo refleja una respuesta técnica a la demanda eléctrica mexicana, sino un cambio profundo en la arquitectura energética del país. Durante la última década, el gas pasó de ser un insumo complementario a convertirse en el eje silencioso que sostiene buena parte de la generación eléctrica y de la actividad industrial. La seguridad energética dejó de medirse en producción propia y comenzó a depender de la estabilidad del vecino del norte, un giro que redefine los márgenes de decisión del Estado.
Este esquema fue funcional mientras los precios internacionales se mantuvieron bajos y la infraestructura de ductos operó sin sobresaltos. Sin embargo, la creciente exposición a factores externos introduce una fragilidad estructural que ya no puede ser ignorada. Eventos climáticos, tensiones comerciales o cambios regulatorios en Estados Unidos tienen hoy un impacto directo en la economía mexicana. La interdependencia energética se transformó en un factor político, aunque todavía se la trate como una cuestión meramente técnica.
El aumento de las importaciones de gas consolidó una paradoja central: México consume cada vez más energía, pero controla cada vez menos su origen. La limitada producción nacional y la falta de inversiones sostenidas en exploración y almacenamiento redujeron el margen de maniobra del sistema energético. En este contexto, el gas estadounidense funciona como una solución inmediata, pero también como un ancla que condiciona decisiones futuras. La eficiencia de corto plazo convive con una vulnerabilidad estratégica de largo alcance.
La discusión sobre el fracking y la reactivación de campos nacionales surge como respuesta a esa dependencia, pero no ofrece soluciones simples. Las resistencias ambientales, los costos políticos y los plazos de maduración de los proyectos contrastan con la inmediatez de la importación. Aun así, el debate revela una tensión de fondo: continuar profundizando el esquema actual o asumir costos internos para recuperar capacidad de decisión. La política energética empieza a chocar con sus propios límites estructurales.

Mirando hacia adelante, la dependencia del gas importado plantea dilemas que exceden el plano energético. La competitividad industrial, la estabilidad de las tarifas eléctricas y la relación bilateral con Estados Unidos quedan atadas a un flujo que México no controla plenamente. En un escenario internacional más volátil, esa dependencia puede convertirse en un factor de presión económica y diplomática. La energía se consolida como un vector central de la soberanía económica.
México importa casi todo su gas, gasolina y maíz de EE.UU. Trump no necesita invadir para presionar: basta cerrar una llave. La soberanía energética no se grita, se construye.#OpiniónPolítica #OpiniónPersonal #MinutoCrítico pic.twitter.com/CxOtg4SoJ0
— Minuto Crítico (@minutocriticomx) January 24, 2026
La ausencia de una estrategia integral de diversificación —que combine producción local, almacenamiento, energías alternativas y planificación de riesgos— expone una fragilidad que ya no es coyuntural. El gas natural seguirá siendo clave en el corto y mediano plazo, pero su actual centralidad obliga a decisiones más profundas. México enfrenta el desafío de transformar una solución pragmática en una política energética sostenible, antes de que la dependencia se convierta en un condicionamiento permanente.