Venezuela atraviesa un proceso excepcional que no admite lecturas convencionales. Tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de un ciclo de estabilización acordado con Estados Unidos, el país ingresó en una secuencia de tres etapas: estabilización institucional, recuperación económica y, recién después, transición política. Este orden no es menor. En su primera fase, el objetivo no es disputar poder, sino reconstruir capacidades básicas del Estado y sentar reglas económicas creíbles.
En ese contexto, la liberación de presos políticos, la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la reapertura diplomática configuran señales claras de cambio. Sin embargo, estas decisiones, por sí solas, no garantizan sostenibilidad. La experiencia regional demuestra que los procesos de salida de crisis fracasan cuando se aceleran las disputas partidarias antes de consolidar un andamiaje técnico sólido. La transición no puede comenzar sin una estabilización previamente ordenada.
La etapa actual requiere una instancia excepcional: una junta técnica de alto nivel, temporal y con mandato limitado, integrada por los mejores cuadros académicos y profesionales del país, con trayectoria internacional comprobada. No se trata de un gobierno paralelo ni de una élite cerrada, sino de un órgano de diseño, diagnóstico y ejecución técnica, capaz de formular políticas con criterios de eficiencia, transparencia y viabilidad.
Instituciones como el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) ofrecen un capital humano clave para este momento. Economistas como José Manuel Puente, Daniel Varnagy y Daniel Lahoud aportan una visión macroeconómica alineada con modelos de apertura, disciplina fiscal y reinserción financiera. Desde el ámbito académico, perfiles como el de la profesora Sari Levi permiten articular políticas públicas con estándares de investigación comparada y formación institucional.

La reconstrucción económica también exige decisiones técnicas en sectores estratégicos. En energía y petróleo, el país cuenta con expertos de referencia internacional como Francisco J. Monaldi y profesores del IESA como Obuchi, con experiencia directa en regulación, mercados energéticos y gobernanza del sector. Incorporar este tipo de perfiles permitiría evitar improvisaciones y diseñar un esquema moderno, competitivo y sostenible para el principal activo del país.
A esta junta deben sumarse especialistas provenientes de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana y la Universidad Católica Andrés Bello, junto con jóvenes de alto rendimiento académico y emprendedores con proyectos evaluables. La estabilización también es una oportunidad generacional. El conocimiento acumulado y el talento emergente deben converger antes de que la política vuelva a ocupar el centro.

Venezuela no necesita apresurarse hacia una partidocracia que ya demostró sus límites. Necesita primero bases técnicas firmes, reglas claras y una economía funcional. Solo después de esa etapa, la competencia política podrá ser legítima, ordenada y duradera. La estabilización no es una pausa democrática: es su condición de posibilidad.