A solo siete días de la votación clave en el Senado, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) decidió endurecer su postura. Con la orden directa de la Casa Rosada de no aceptar modificaciones, la estrategia libertaria busca forzar una media sanción del texto original, desoyendo incluso las advertencias de sus aliados más cercanos.

La decisión de mantener bajo "cuatro llaves" la versión final del proyecto generó un clima de sospecha en los pasillos del Congreso. El diputado Miguel Ángel Pichetto, referente del bloque Encuentro Federal, calificó de "absurdo" el secretismo oficial, advirtiendo que los puntos definitivos de la ley se conocerán recién cuando suene la campanita el próximo miércoles 11 de febrero.
[AHORA] "Los tenemos bajo 4 llaves": después de la reunión con senadores dialoguistas, Bullrich advirtió que los "cambios" en la reforma laboral "se van a dar a conocer recién en el recinto", aunque "todavía falta".
— ElCanciller.com (@elcancillercom) February 3, 2026
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Esta maniobra de Patricia Bullrich y la mesa política de Milei apunta a un tratamiento exprés. La intención es que el proyecto, que cuenta con más de 200 artículos, llegue a la Cámara de Diputados el 18 de febrero para ser ley antes de que termine el mes. La intransigencia de la Casa Rosada busca forzar una votación a todo o nada en el recinto, apostando a que la presión social y el apoyo de los gobernadores terminen de doblegar a los indecisos.
El mayor éxito de la "jugada" oficialista se observa en la vereda de enfrente. El interbloque peronista atraviesa horas críticas ante la posible fractura de Convicción Federal, el bloque de cinco senadores que encabeza Fernando Salino. Según fuentes parlamentarias, legisladores como Sandra Mendoza, Carolina Moises y Guillermo Andrada estarían evaluando acompañar algunos puntos de la reforma, distanciándose de la postura de rechazo total del justicialismo.

Esta división no es casual: responde directamente a la presión de gobernadores como el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, quienes necesitan aceitar la relación con el Ejecutivo nacional por cuestiones fiscales. Mientras tanto, figuras como Mariano Recalde denuncian un "revanchismo patronal" en la ley y critican la pasividad de ciertos sectores ante lo que consideran una destrucción del salario real.
La bronca de los aliados dialoguistas no es solo por las formas, sino también por el contenido. La negativa del ministro Luis Caputo a negociar cambios en el Impuesto a las Ganancias dejó a los gobernadores "de centro" en una posición incómoda. El oficialismo confía en que, al igual que ocurrió con el Presupuesto 2026, los aliados terminarán acompañando la reforma laboral en general, aunque se reserven el derecho de rechazar capítulos específicos.
TM