A través del Decreto 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución definitiva del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), un organismo que arrastra una deuda estimada en $200.000 millones. La medida establece una transición de un año para la puesta en marcha de dos nuevas entidades que dividirán la atención de los militares y la de las fuerzas de seguridad.
Uno de los puntos de mayor tensión es el destino del millonario pasivo. Desde el Ministerio de Defensa, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti, aseguran que la deuda será absorbida íntegramente por el Estado nacional. “La deuda la pagará el Estado”, confirmaron fuentes oficiales, señalando que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, será el responsable de definir los mecanismos de pago con los acreedores.

Para llevar adelante este proceso, el Gobierno designó al coronel mayor Ariel Guzmán como administrador de la etapa de liquidación. En paralelo, la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) será presidida por el general de brigada retirado Sergio Maldonado, un militar de confianza que se desempeñó como director del Hospital Militar Central.
El Ministerio de Economía arbitrará los medios para cancelar las obligaciones acumuladas mientras se instrumenta la transición hacia las nuevas estructuras. Esta decisión busca llevar alivio a los prestadores privados, quienes en el último año multiplicaron los cortes de servicio en ciudades clave como Mar del Plata debido a la falta de pagos y deudas que, en algunos casos, superan los $800 millones.
Mientras se resuelven las cuestiones financieras, la incertidumbre crece entre los casi 600.000 beneficiarios. De ese padrón, unos 400.000 quedarán bajo la órbita de la nueva OSFA, mientras que los restantes 200.000 pasarán a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que operará bajo la mirada de Alejandra Monteoliva.

Desde sectores gremiales como ATE, manifestaron su "profunda preocupación" por la falta de certezas sobre la estabilidad laboral y la calidad de las prestaciones durante la transición. El secretario de la junta interna, Rubén López, denunció que la crisis actual ya provocó la renuncia masiva de profesionales debido a los bajos salarios y la falta de insumos básicos en los centros de salud propios, un escenario que la nueva gestión deberá revertir a contrarreloj.
TM