La postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC ha dejado de ser una cuestión meramente estadística para transformarse en un factor determinante de las cuentas públicas. Al mantener la medición basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004-2005, el Estado nacional logra un ahorro proyectado de casi $5 billones, según un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia.
Esta cifra, que representa poco menos del 0,5% del PBI, surge de la brecha entre la inflación real y la reportada. Mientras que la canasta vigente sobrerrepresenta bienes que han subido menos, la canasta de 2017-2018 -que el Gobierno decidió no implementar por ahora- refleja con mayor precisión el peso de los servicios y la tecnología en el presupuesto familiar actual.

De acuerdo con las proyecciones para 2026, la inflación anual rondaría el 25,9% con la metodología de 2004, pero ascendería al 28,6% si se aplicara la actualización pendiente. El diferimiento de la actualización metodológica permite que el gasto público se ajuste por una inflación que subestima el peso de los servicios y la tecnología.
Este descalce impacta directamente en las partidas que se ajustan de manera automática:
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo que el nuevo método se implementará "cuando la inflación sea cero", una meta que el presidente Javier Milei proyecta para mediados de año. Sin embargo, los analistas advierten que esta demora le otorga al ministro Luis Caputo una "holgura estadística" para sostener el superávit fiscal sin aplicar medidas de ajuste adicionales visibles.
En términos comparativos, la Argentina mantiene hoy una de las estructuras de consumo más antiguas de la región. Mientras que países como Chile (2023) y Uruguay (2022) ya actualizaron sus canastas a la postpandemia, el INDEC sigue midiendo la economía con patrones de consumo de hace dos décadas, cuando el gasto en servicios e internet representaba una fracción de lo que es hoy.
TM