Congreso: el Gobierno quiere extender extraordinarias para una ley clave de Milei

A cuatro días de iniciado el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno nacional analiza extender por un día el cronograma vigente con el objetivo de lograr la aprobación de la reforma laboral antes del 1° de marzo, fecha en la que Javier Milei encabezará la Apertura de Sesiones Ordinarias.

La propuesta que circula en la Casa Rosada es correr el cierre de las extraordinarias del 27 al 28 de febrero. La decisión todavía no está tomada, pero el escenario es evaluado como “probable” dentro del círculo presidencial, en función de los tiempos parlamentarios y las dificultades operativas que enfrenta el Congreso.

El principal obstáculo es el fin de semana largo de Carnaval. Los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero mantendrán cerrado el Parlamento y complicarán el traslado de legisladores, muchos de los cuales planean viajar a sus provincias. En ese contexto, el oficialismo ve cada vez más lejana la posibilidad de emitir dictamen dentro de los plazos actuales.

Desde el bloque de La Libertad Avanza en Diputados admiten que el escenario ideal hubiera sido dictaminar el viernes 13 de febrero, algo que hoy aparece como prácticamente imposible. El reglamento establece, además, plazos mínimos entre la media sanción de una cámara y el tratamiento en la otra, lo que achica aún más el margen de maniobra.

A esto se suma una limitación reglamentaria clave: no se pueden emitir dictámenes dentro de los diez días previos al cierre del período extraordinario. Con las fechas actuales, el margen se reduce drásticamente. “Estuvimos verdes con el calendario”, reconocieron con ironía desde un despacho oficial.

La eventual prórroga no requiere aval parlamentario, sino un decreto del Poder Ejecutivo que reformule el período de sesiones. En el Gobierno aseguran que la decisión podría tomarse la semana próxima, una vez evaluado el ritmo del Senado y el avance de las negociaciones con la oposición.

No sería la primera vez que el oficialismo analiza una extensión. En diciembre pasado, durante el debate del Presupuesto 2026, algunos sectores impulsaron una medida similar para acelerar la reforma laboral, pero la iniciativa naufragó ante la resistencia de legisladores —y funcionarios— que ya tenían planificadas sus vacaciones.

Esta vez, el escenario es distinto. Se trata de una extensión mínima y de un proyecto que el Gobierno considera prioritario. La reforma laboral lleva casi un año de debate técnico y político y, en esta instancia, el objetivo es que el texto que se apruebe en el Senado sea convalidado sin cambios en Diputados, evitando una nueva ida y vuelta entre cámaras.

La urgencia también responde a la sobrecarga de la agenda legislativa. Al convocar a extraordinarias, Milei incluyó la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. Luego se sumó el Régimen Penal Juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad, tras una serie de hechos de inseguridad que dominaron la agenda pública.

Algunos proyectos quedaron relegados. La nueva Ley de Glaciares, que beneficiaría a la industria minera, fue postergada ante la falta de votos, según reconocen fuentes provinciales. En cambio, el Régimen Penal Juvenil avanzó con mayor consenso y ya tiene fecha para dictamen y sesión en Diputados.

Una prueba política para el oficialismo

Más allá de la discusión técnica, la posible extensión de las extraordinarias expone una dificultad estructural del Gobierno: transformar prioridades políticas en mayorías parlamentarias estables. La reforma laboral es una pieza central del programa libertario y aprobarla antes del 1° de marzo le permitiría a Milei inaugurar el año legislativo con un triunfo concreto.

Sin embargo, el apuro también deja al descubierto los costos de la inexperiencia parlamentaria y de una agenda cargada sin un control fino del calendario. Un día más puede parecer un detalle menor, pero refleja la tensión permanente entre la urgencia política del Ejecutivo y la dinámica lenta, negociada y fragmentada del Congreso. En ese choque, el Gobierno se juega algo más que una fecha: se juega capacidad de gestión política.