Nicolás Trotta impulsa en Diputados el rechazo a la Oficina de Respuesta Oficial

El diputado Nicolás Trotta (Unión por la Patria) presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados para exprese su rechazo a la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina”, recientemente impulsada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca también expresar la preocupación por lo que define como una escalada de acciones gubernamentales contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

En los fundamentos del proyecto, el exministro de Educación sostiene que la constitución de este organismo oficial “representa un avance grave sobre las garantías democráticas” y la equipara a la creación, confesa de un “Ministerio de la Verdad”, al establecer un mecanismo estatal destinado a condicionar y controlar la circulación de información.

El exministro de Educación cuestiona la función de la oficina -que según el Gobierno tiene como objetivo verificar contenidos y “combatir la desinformación” mediante la desmentida de supuestas falsedades mediáticas- y afirma que no contribuye a la transparencia, sino que persigue un control sobre los medios y la circulación del discurso público.

Además, el texto del proyecto recuerda que, en su opinión, el presidente Javier Milei y otros funcionarios han impulsado denuncias judiciales y agresiones públicas contra periodistas y comunicadores, promoviendo “discursos estigmatizantes que buscan desacreditar y disciplinar la tarea periodística”. Para Trotta, esto conforma “un clima de hostigamiento permanente hacia quienes informan y ejercen críticas” que torna al sector especialmente vulnerable.

El legislador también remarca que reformas previas a la ley de prensa eliminaron penas de prisión por calumnias e injurias y califican de preocupante que este nuevo organismo estatal avance en un sentido contrario a las libertades garantizadas. Con su presentación, busca que el Congreso manifieste su rechazo explícito a la iniciativa y aliente un debate más amplio sobre los alcances de la intervención estatal en el ámbito de la comunicación pública.