Acuerdos inexistentes

Esta semana comenzó rompiéndose el esquema de gobierno con la salida del director del Instituto Nacional de Estadística y Censos luego de que en la Casa Rosada tomaran nota de que, en la actualización del Índice de Precios al Consumidor, como siempre fue, se toman los valores boleta contra boleta de los servicios públicos y no el valor dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Energía. Esto muestra el bajísimo nivel de interiorización en los temas de gestión y/o la poca importancia que posee el bolsillo de las familias de todo el país.

El motivo de ello no es ni más ni menos -tal como veníamos anticipando hace ya meses- que en la actualización de las compras y pagos que realizamos las familias en nuestro país se incrementa notoriamente la importancia de los servicios públicos (luz, gas, agua, comunicaciones y transporte). Basta recordar que durante el mes de enero estos rubros subieron más que en diciembre: en ese mes el rubro servicios registró un 3,4%, con valores individuales entre 2,8% y 4%, pero en enero los aumentos se ubicaron entre 3,2% y 4,5%, con la excepción del gas por red y/o envasado, que trepó al 17%. Por lo tanto, ese rubro en sí mismo puede ubicarse en el orden del 4% o 4,1%.

En alimentos, si bien la carne vacuna tuvo un aumento del 15% al 20% -bajando respecto del 20% al 40% registrado en diciembre-, lo que subió de manera muy fuerte fue la carne de cerdo, cerca del 20% al 25%, y la carne de pollo, con incrementos superiores al 50%. A esto deben sumarse las fuertes subas en frutas y verduras, por lo cual el rubro alimentos podría ubicarse cerca del 3,2%. Todo esto genera que el índice, con las compras y pagos base 2004, sea superior al 2,8% de diciembre y se ubique en un promedio cercano al 3% (puede ser 2,9% o 3,2%).

El detonante de la situación fue una declaración de Luis Caputo en una nota periodística ese mismo lunes por la mañana, en la que intentó ejercer presión mediática sobre el director del INDEC al estimar un índice del 2,5% para enero; es decir, aplicando una presión indirecta para forzar un número que no puede ser de ninguna manera, por las razones expuestas anteriormente.

Pero además de ello, el tema quedó envuelto en una cuestión judicial, ya que la Ley de creación del INDEC (17.622), en su artículo 13, establece el secreto estadístico. Para que se entienda: cualquier persona que conozca información estadística puede brindar datos internos sobre la conformación, pero ningún funcionario puede realizar proyecciones y/o anticipar datos. Al estar Luis Caputo dentro de la línea jerárquica del Instituto -por su rango de Secretaría del Ministerio de Economía-, junto con el jefe de Gabinete de Ministros y el propio Presidente, todos quedan incluidos dentro del secreto estadístico.

En ese contexto, como cualquier funcionario responsable de su tarea, quien era director dio un paso al costado, quedando en su lugar quien se desempeñaba como número dos del Instituto desde 2018.

Este episodio generó que, en los cuatro días siguientes, los ADR y las acciones argentinas en Nueva York cayeran cerca del 25% en sus valores. Los bonos soberanos también retrocedieron alrededor de un 3%, mientras que el riesgo país creció de 490 a 512 puntos básicos. Aunque pueda parecer un movimiento menor, esto recorta las posibilidades de endeudamiento de las empresas argentinas en el exterior, porque ya quedó demostrado -con las licitaciones de deuda en dólares de inicios de enero- que ni siquiera el mercado local confía plenamente: el Estado debió otorgar una tasa del 9,36% para acceder a 910 millones de dólares sobre los 1.000 millones que pretendía obtener.

Para comprender mejor el impacto, cabe señalar que las acciones que más cayeron fueron las energéticas y financieras; es decir, empresas de gas, luz, petróleo y bancos, que sugestivamente son las que más están ganando en el mercado local con la implementación de este modelo financiero, incluso con mayores subsidios a la energía que los que poseían en 2023 y/o mayores niveles de subsidios a las cargas sociales, como ocurre con la reconocida empresa de entregas y compraventa por web.

Hacia el final del jueves, nos encontramos además con la firma de un acuerdo comercial “leonino” con Estados Unidos, a través del cual se devuelve a la Argentina al siglo XIX, colocándola en el rol de exportador de algunas materias primas y, sobre todo, de tierras raras. Pero el problema no es Estados Unidos, que hace su negocio, sino -como diría Jauretche- “el problema no es el gringo que te compra, sino el criollo que te vende”, ya que lo firmado resulta nefasto para el país.

Veamos algunos puntos centrales de lo que se conoce del acuerdo. Por un lado, el aumento de 20.000 a 80.000 toneladas de carne exportable a Estados Unidos, lo que generaría un excedente de 800 millones de dólares. Sin embargo, los frigoríficos locales, al poder vender a valores en dólares y con retenciones eliminadas o reducidas, trasladarán esa lógica al mercado interno, provocando un incremento muy fuerte de precios, cuando el kilo de lomo en Estados Unidos ronda los 45 dólares y en la Argentina hoy se paga cerca de 20.

Por otro lado, se habilita el ingreso de 10.000 motovehículos exentos de retenciones, sabiendo que Estados Unidos fabrica y que nosotros -junto con Brasil y México- apenas ensamblamos partes. Esto ocurre mientras la fábrica de Santa Isabel, en Córdoba, se encuentra cerrada en un 75%, hay suspensiones en Granadero Baigorria y riesgo de cierre en General Pacheco y en la planta de Zárate, que en 2025 cerró su cuarto turno, abierto en 2022, y hoy tiene suspensiones en el tercer turno.

A esto se suman preferencias de acceso en maquinaria y herramientas agrícolas, en un contexto crítico para las empresas del sector en Santa Fe y Córdoba; libre acceso de medicamentos, pese a que los laboratorios argentinos poseen la misma tecnología que los estadounidenses, con normas del ANMAT tan exigentes como las de la FDA; y la liberación de las leyes de patentes, permitiendo la circulación de productos y servicios sin necesidad de registrarlos en el país.

El punto central es que, aun con igual tecnología, Estados Unidos tiene una escala productiva de 10 a 1 frente a la Argentina. Allí es donde los costos fijos totales se transforman en variables: nadie duda de que los costos fijos se reducen cuando se produce para 500 millones de clientes potenciales en lugar de 30 millones.

El mayor impacto llegará cuando, en un plazo máximo de seis meses, los niveles de consumo caigan estrepitosamente como consecuencia de suspensiones y despidos derivados de este mal acuerdo firmado por el gobierno argentino. Así, el país será llevado nuevamente a 1920, tal como expresaba el actual Presidente en la campaña de 2023, con una inflación que seguirá subiendo y que, a este ritmo -incluso con canastas base 2004- terminará devorando la inflación del 10,1% presupuestada para 2026 ya en mayo o junio, convirtiéndose en otro más de los gobiernos que no supieron cómo enfrentar seriamente un problema endémico, agravado durante la nefasta década del noventa.