A menos de 48 horas de su lanzamiento, la Oficina de Respuesta Oficial quedó envuelta en su primera polémica pública. La cuenta, creada por decisión del presidente Javier Milei para confrontar lo que el oficialismo define como desinformación mediática, utilizó un dato inexacto al intentar desacreditar una afirmación de la periodista María O’Donnell sobre la baja de la edad de imputabilidad penal.
INCORRECTO.
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 6, 2026
En una entrevista que circula, la periodista María O’Donnell intenta instalar la idea de que bajar la edad de imputabilidad a 13 años en la Argentina sería una medida extrema, ubicándola entre “las más bajas del mundo”.
Esto es FALSO. Uruguay, por ejemplo, cuenta… pic.twitter.com/w2dW7G1P81
El cruce se produjo luego de que la conductora señalara, en su programa de Urbana Play, que una eventual aprobación del proyecto oficial colocaría a la Argentina entre los países con menor edad de imputabilidad. La respuesta oficial fue inmediata: la cuenta calificó el comentario como falso y citó el caso de Uruguay, donde —según el mensaje— desde 2004 se juzga penalmente a menores desde los 13 años.
La publicación omitió un punto clave del sistema uruguayo. En ese país no rige el Código Penal de adultos para adolescentes, sino un régimen penal juvenil especial, previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El intento de aplicar el sistema penal adulto a menores fracasó en 2014, cuando un plebiscito constitucional fue rechazado por la ciudadanía.
Por si quisiera corregir la “corrección” la @RespOficial_Arg esto dice un editor de uno de los principales medios del Uruguay. https://t.co/Nyhhn3jRUJ
— Maria O' Donnell (@odonnellmaria) February 6, 2026
En la práctica, Uruguay permite la responsabilidad penal de adolescentes de entre 13 y 18 años, pero bajo un esquema diferenciado, con penas y procedimientos distintos a los de los mayores de edad. Incluso en los delitos más graves, los jóvenes cumplen sanciones en centros específicos y no en cárceles comunes.
Pese a ese marco legal, la Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que la Argentina, con una edad mínima de imputabilidad de 16 años, se encuentra entre las más altas de Occidente, y acusó a la periodista de difundir información incorrecta. El problema es que la comparación utilizada por la cuenta oficial no refleja con precisión el funcionamiento real del sistema penal uruguayo.
El episodio dejó expuesto un arranque accidentado para la oficina que administra Juan Carreira, funcionario cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, y reabrió el debate sobre los criterios con los que el Gobierno pretende intervenir en discusiones públicas sensibles, como la baja de la edad de imputabilidad penal.