El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló datos contundentes sobre la situación penal juvenil durante el año 2024. Según el documento, un total de 4.119 niños, niñas y adolescentes estuvieron bajo el sistema penal en todo el territorio argentino. Estas cifras surgen en un contexto de intenso debate político por la llegada al Congreso del proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad.

Del total de jóvenes registrados, el 80% cumplió con medidas judiciales que no implicaron una restricción o privación de su libertad ambulatoria de forma efectiva. Esto significa que 3.249 menores formaron parte de programas de acompañamiento y supervisión dentro de sus propias redes sociocomunitarias locales. Por el contrario, solo 865 adolescentes fueron alojados en dispositivos de encierro, reflejando una preferencia por las medidas de abordaje territorial.
A pesar de que los indicadores generales mostraron una tendencia descendente durante el último período, se detectó una leve suba en la cantidad de jóvenes privados de su libertad. Actualmente, el sistema cuenta con 174 dispositivos en todo el país, de los cuales 99 están destinados exclusivamente a situaciones de encierro o aprehensión especializada. La mayoría de los delitos imputados fueron contra la propiedad, seguidos por delitos contra las personas.

Un dato alarmante del informe advierte sobre la presencia de 48 menores de entre 12 y 15 años institucionalizados dentro del sistema penal juvenil nacional. Al ser considerados no punibles por la ley vigente, estos niños no deberían estar en centros de encierro, sino bajo la órbita de protección de derechos. Sin embargo, la gran mayoría de este grupo específico se encontraba en dispositivos de restricción de libertad al momento del relevamiento.
Finalmente, el reporte destaca que la tasa de encierro nacional es de 1,8 jóvenes por cada 100.000 habitantes, con una fuerte concentración en Buenos Aires y Córdoba. El 75% de las plazas de encierro se ubican en estas jurisdicciones, donde el perfil mayoritario es de adolescentes de entre 16 y 17 años. Además, preocupa que el 30% de los internados continúa bajo medidas judiciales incluso después de haber cumplido la mayoría de edad.