08/02/2026 - Edición Nº1097

Política

Debate en el Congreso

Reforma penal juvenil: el artículo clave que divide a los juristas argentinos

08/02/2026 | Especialistas advierten que la discusión no sólo es jurídica, sino también social y política, y anticipan un escenario de posiciones encontradas.



La reforma del Régimen Penal Juvenil volvió a instalarse con fuerza en el debate público desde su inclusión en las Sesiones Extraordinarias del Congreso. La ley vigente es de la 22.278, de 1980, sancionada en una coyuntura histórica muy distinta a la actual. Quienes impulsan los cambios sostienen que hay necesidad de modificar la edad de imputabilidad, el debate parlamentario promete ser “para alquilar balcones” y mientras en el recinto se dé la discusión por establecer nuevos criterios de responsabilidad para adolescentes que cometen delitos, se da por descontado que afuera la temperatura irá en aumento.

El tema es históricamente sensible en la Argentina. No se trata solamente de modificar un número, como quien define la cantidad de ocupantes que puede tener un ascensor lleno. El tema es verdaderamente complejo, porque combina demandas de mayor seguridad con advertencias sobre la necesidad de atender la situación de las infancias vulnerables, para evitar que los niños crean que el delito es la única opción.

El proyecto oficial propone como principal solución bajar la edad de imputación penal de los 16 a los 14 años. Incluso en el elenco gobernante, hay posturas más duras que expresaron su deseo de ponerlo aún más abajo. Por la vereda opuesta, no son pocas las voces que plantean que el endurecimiento de penas no necesariamente reduce la criminalidad juvenil y que el foco debería ponerse en políticas de prevención, educación e inclusión social.

Con este telón de fondo, la voz de la calle está dividida. Están los que abordan la cuestión en sintonía con el proyecto oficial, y quienes desde la otra punta de las convicciones adoptan una posición distinta, pero ambos con lábiles argumentos. Por esa razón, NewsDigitales buscó la mirada de quienes están en mejores condiciones para opinar sobre el tema: los abogados. Dos de ellos ejercen en CABA, y la tercera en el Conurbano.

Ciudad de Buenos Aires vs. Conurbano

La doctora Mary Herbas Pérez sostuvo: “Mi postura es a favor del proyecto” porque “la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años reconoce la madurez evolutiva actual y busca que el joven se haga responsable de sus actos”.

La profesional cierra su intervención remarcando que “una ley clara desincentiva el uso de niños para actividades criminales y permite una intervención temprana del Estado antes de que las trayectorias delictivas se consoliden”.

Por su parte, el doctor Alexis García destacó que está a favor del cambio impulsado por el oficialismo porque “aprovechando que no son punibles, muchos delincuentes juveniles salen delinquen con tranquilidad porque son ininputables”. A su vez añadió que le parece “correcto” que un menor que comete delitos graves como el homicidio, sea juzgado como adulto porque eso “aliviaría el sentir de la familia de la víctima, que busca justicia”.

La otra cara de la moneda la puso sobre la mesa una abogada que ejerce en el Conurbano profundo. En el ámbito geográfico que se mueve, la profesional del derecho -que prefirió hablar en forma anónima porque trabaja en el sector público- está en contacto con situaciones que pueden resultar extrañas para quien tiene su centro de vida a pocas cuadras del Obelisco, pero que existen y no son cuestiones menores.

A menos de dos horas del centro, “hay chicos que son vulnerados por sus propios padres, y sus propios padres fueron vulnerados por sus padres, o por un tío, por un vecino, por un primo, por un hermano”.  Lo que plantea la abogada es que hay que atender cuestiones de fondo, porque de no hacerlo, la baja de la edad de imputabilidad por sí sola no es una solución.

Dentro de esas cuestiones, está la droga: “los pibes están tan quemados por el consumo. Cada vez más jóvenes matan, algunos, porque están dados vueltas, otros porque están llenos de odio”. Como crítica al sistema, la letrada pone el acento en que “falta muchísima contención psicológica, económica, políticas o programas, en vez de decir políticas, programas que los ayuden”.

Final abierto

En la previa de un debate que combinará estadísticas, emociones y realidades sociales muy dispares, la reforma del Régimen Penal Juvenil se perfila como una más de las discusiones parlamentarias que lograron salir del recinto para decidirse en las calles. Pasó en tiempos de Arturo Frondizi, cuando la disyuntiva era si la educación debía ser Libre o Laica.

Pasó cuando el gobierno de Raúl Alfonsín puso sobre la mesa la cuestión del divorcio, y a su turno, con Cristina Kirchner al momento de debatir la 125, la Ley de Medios, el matrimonio homosexual. La épica de la marcha también estuvo presente -con suerte distinta- cuando se discutió el aborto, en las gestiones de Mauricio Macri y posteriormente, de Alberto Fernández.

Mientras el Congreso, la calle y las redes sociales se prepara para hacer lo suyo, cada ciudadano con pretensiones de ejercer esa condición, debería formularse una pregunta obligada: ¿Habrá soluciones reales, o se buscará un resultado tribunero?