Rebelión federal contra Milei: qué exigen los gobernadores por Ganancias

El Gobierno nacional enfrenta una presión creciente de los gobernadores en la antesala del debate por el Proyecto de Modernización Laboral, uno de los ejes legislativos de la administración de Javier Milei. Tanto aliados como opositores reclaman eliminar o modificar la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, incluida en la iniciativa oficial, por su impacto directo en la coparticipación federal.

La advertencia es clara: el recorte del gravamen implicaría una pérdida estimada de hasta 3 billones de pesos para las provincias. En ese escenario, los mandatarios condicionan su respaldo parlamentario a que la Nación absorba el costo fiscal o postergue la medida. La discusión se volvió central en las negociaciones políticas a horas del tratamiento en sesiones extraordinarias.

El conflicto se originó cuando el Ejecutivo planteó reducir Ganancias a sociedades con el objetivo de mejorar la rentabilidad empresaria y fomentar la inversión. Sin embargo, al tratarse de un impuesto coparticipable, la decisión impacta de lleno en las finanzas provinciales, reavivando una disputa estructural entre la Casa Rosada y los distritos.

Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, las provincias más perjudicadas serían Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con pérdidas superiores al billón de pesos cada una. Incluso mandatarios dialoguistas como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil respaldan la reforma laboral, pero exigen correcciones en el capítulo fiscal para no desfinanciar sus administraciones.

Desde el Ejecutivo reconocen la tensión, pero insisten en sostener la baja del impuesto como parte del núcleo del proyecto. No obstante, en la mesa política comenzó a evaluarse la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para asegurar la aprobación general de la reforma impulsada por La Libertad Avanza (LLA), ante un escenario de votos ajustados.

Los gobernadores opositores —Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof— mantienen un rechazo cerrado a la iniciativa, con o sin Ganancias. La pulseada anticipa un debate áspero, donde la reforma laboral quedó atada a una discusión de fondo: quién paga el costo político y fiscal del ajuste.

Coparticipación, el límite de las provincias

Para los gobernadores, la baja del Impuesto a las Ganancias representa una línea roja. Más allá del respaldo o no a la reforma laboral, advierten que resignar recursos propios en un contexto de ajuste y caída de la actividad compromete la gobernabilidad provincial. El reclamo común es que cualquier incentivo a la inversión sea financiado por la Nación.

En la Casa Rosada toman nota, pero apuestan a cerrar acuerdos parciales y avanzar rápido. Con el calendario legislativo corriendo y los votos aún en duda, la reforma laboral quedó atrapada en una negociación fiscal que expone, una vez más, la fragilidad del vínculo entre el Gobierno libertario y las provincias.